El registrador nacional, Hernán Penagos, puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación un presunto plan criminal destinado a vulnerar y alterar la infraestructura tecnológica de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La denuncia formal, radicada desde el pasado 5 de marzo, encendió las alarmas institucionales en plena etapa preelectoral ante el riesgo de ciberataques contra las plataformas de votación y procesamiento de datos del país.

Tras la alerta de Penagos, la unidad especializada en delitos informáticos del ente acusador inició una serie de indagaciones de alto nivel. Estas pesquisas se centran en verificar la solidez de los servidores electorales, esclarecer reiterados intentos de intrusión digital y atender graves advertencias sobre la seguridad personal del registrador, quien ha sido objeto de amenazas contra su vida, además de posibles nexos con redes de tráfico de migrantes.

El expediente judicial cobró mayor relevancia tras conocerse informes de inteligencia que vinculan a Carlos Andrés Oyola, un ingeniero de sistemas señalado de operar como hacker para la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Las investigaciones de las autoridades apuntan a que Oyola habría coordinado una estructura clandestina de operadores digitales con el objetivo de intervenir bases de datos estatales y desestabilizar los comicios.

De acuerdo con las indagaciones reveladas por medios de comunicación, el presunto especialista informático ingresó a la DNI a inicios de 2024. Desde allí, no solo habría accedido a información confidencial de diversas entidades públicas para almacenarla de forma irregular en servidores externos, sino que también habría liderado ataques cibernéticos contra la autoridad electoral desde el exterior, concretamente durante estancias en Madrid, España.

Oyola ya contaba con antecedentes judiciales por el presunto sabotaje a las redes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), caso en el que se le acusa de alterar calificaciones para facilitar el acceso a cargos públicos. La definición sobre la medida de aseguramiento en su contra se encuentra aplazada, mientras los fiscales recopilan evidencia sobre su presunto rol en una estructura paralela dentro del organismo de inteligencia.

El avance de este proceso coincide con un periodo de alta fricción política e institucional, caracterizado por reiterados cuestionamientos hacia el software de escrutinio, los formularios electorales y la logística del preconteo de votos. Pese a las presiones y las advertencias sobre presuntas vulnerabilidades, la Registraduría Nacional ha defendido la transparencia de sus procedimientos técnicos, mientras la Fiscalía profundiza en el rastreo de los accesos no autorizados para blindar los futuros comicios de cualquier interferencia digital.