El presidente Abelardo de la Espriella ha iniciado una política de exigencia de resultados que ya ha cobrado la salida de tres altos mandos del Ejército. Los generales Gerardo Ortiz Ramírez (Octava División), Jorge Mario Aguirre Martínez (Brigada 18) y Milton César Escobar Gallego (Brigada 23) fueron informados de que sus servicios serán calificados y, presumiblemente, terminados. La medida se enmarca en la promesa de campaña de De la Espriella: “el que no rinda, se va”.

Los tres oficiales comandan zonas estratégicas donde la actividad del ELN y de grupos armados ha aumentado. En el caso de los generales Ortiz y Aguirre, la Casa de Nariño los responsabiliza de la brecha de seguridad que permitió el secuestro de la subteniente María Pantoja Hernández, integrante de Inteligencia Militar, el 4 de noviembre en Saravena. La oficial, sin protección y desarmada, cayó en una trampa tendida por guerrilleros del ELN, que ahora la utilizan como escudo humano contra los bombardeos aéreos. El incidente ha sido catalogado como “grave descuido” por oficiales que prefirieron mantenerse en el anonimato.

Ese mismo día, en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes, el presidente De la Espriella, el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, y varios altos mandos se reunieron para felicitar a los coroneles que ingresan al Curso de Altos Estudios Militares (CAEM), requisito para ascender a brigadier general y contraalmirante. Durante el encuentro, el jefe de Estado reiteró la obligación de obtener resultados operativos, advirtiendo que “el que no lo haga, sabrá lo duro que muerde el tigre”. Cinco días después, los tres generales recibieron la notificación de calificación de servicios.

El caso del general Escobar presenta un matiz adicional. Según fuentes, Escobar dirigió la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova y formó parte del Comité de Ascensos durante el gobierno de Gustavo Petro. En aquel periodo, habría recomendado la calificación de 48 mayores de los grupos especiales, entre ellos 12 de Inteligencia, por su participación en operaciones contra grupos armados. La “paz total” impulsada por Petro habría protegido a esos oficiales; ahora, con el nuevo gobierno, se les está cobrando la responsabilidad.

Más allá de la presión por resultados, los analistas militares consideran que estos relevos podrían ser la punta del iceberg. Primero, la evaluación de los oficiales que egresarán del CAEM está en marcha; al graduarse, deberán asignarse nuevas comandancias, lo que implica una ola de traslados y cambios de mando. Segundo, De la Espriella y el ministro Mora prometieron reintegrar a los altos oficiales despedidos sin causa durante la administración Petro. Hasta la fecha, solo se han reincorporado cuatro coroneles y dos generales de un total estimado de 70 oficiales superiores, entre ellos el general Erick Rodríguez, actual comandante de las FF.MM. Si se cumplen esas promesas, se requerirá reubicar a los reincorporados, generando más movimiento interno.

La salida de los tres generales marca, según los militares entrevistados, el inicio de una “nueva era de rendición de cuentas” en las Fuerzas Armadas. La medida busca restaurar la confianza ciudadana en la capacidad del Ejército para garantizar la seguridad en regiones vulnerables y demostrar que la política de “resultados o salida” no es meramente retórica.