Colombia dio un giro en su política de seguridad y en la manera de enfrentar a las organizaciones armadas ilegales. En una jornada legislativa que se extendió hasta la noche del martes, el Congreso de la República aprobó la Ley de Sometimiento, una iniciativa que reemplaza el modelo de negociación política de la denominada paz total del gobierno de Gustavo Petro por un mecanismo de sometimiento a la justicia ordinaria.

La aprobación se produjo a pocas horas de que venciera la vigencia de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público. El proyecto recibió el respaldo de 57 senadores, frente a 24 votos negativos, mientras que en la Cámara de Representantes obtuvo 95 votos a favor y 10 en contra.

La Cámara acogió el mismo texto aprobado por el Senado, lo que permitió concluir el trámite legislativo sin necesidad de conciliación. La iniciativa quedó pendiente de sanción presidencial para convertirse formalmente en ley.

¿Qué cambia con la Ley de Sometimiento?

El cambio más significativo es que el Estado dejará de ofrecer negociaciones de carácter político a las organizaciones armadas ilegales dentro del nuevo marco legal. En su lugar, sus integrantes podrán acceder a beneficios judiciales si aceptan someterse a la justicia, abandonar las actividades delictivas y contribuir al desmantelamiento de sus estructuras.

La normativa establece rebajas de penas de hasta el 50 % para integrantes de base y de hasta el 30 % para cabecillas. Sin embargo, quienes hayan ejercido funciones de mando deberán cumplir al menos diez años efectivos de prisión, según las condiciones aprobadas.

Para acceder a estos beneficios, los integrantes de las organizaciones deberán entregar sus armas y bienes ilícitos, revelar información sobre sus estructuras, identificar redes de corrupción y vínculos políticos, colaborar en la búsqueda de desaparecidos y facilitar la liberación de menores reclutados o personas secuestradas.

Además, quienes tengan condenas en firme por reclutamiento de menores quedarán excluidos del tratamiento penal diferenciado.

Efecto inmediato: sin suspensión de capturas ni operaciones militares

Una de las principales implicaciones de la nueva normativa es que el acercamiento de un grupo criminal al Estado no supondrá la suspensión de las órdenes de captura, los procesos de extradición ni las operaciones de la fuerza pública.

Esto significa que las autoridades podrán continuar sus acciones contra las estructuras ilegales, incluso cuando sus integrantes manifiesten la intención de someterse a la justicia.

La medida también elimina la posibilidad de que estas organizaciones obtengan reconocimiento político mediante los mecanismos previstos en la nueva ley y establece restricciones para que sus integrantes accedan a cargos públicos.

El ministro de Justicia y encargado del Interior, Iván Cancino, defendió el nuevo modelo al señalar que los criminales deberán entregar la totalidad de sus bienes ilícitos, sin conservar recursos como incentivo para acogerse al proceso.

En la práctica, el Gobierno busca que la entrega de los integrantes de organizaciones criminales esté acompañada de resultados verificables en materia de desarme, colaboración judicial y reparación a las víctimas.

Un nuevo escenario para la seguridad en las regiones

La aprobación de la ley tiene especial relevancia para los territorios donde operan guerrillas, disidencias y organizaciones vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.

El proyecto incorpora una estrategia de Intervención Territorial Integral, orientada a combinar las acciones de seguridad y justicia con programas sociales, recuperación ambiental y fortalecimiento institucional en las regiones afectadas por la violencia.

El desafío será traducir estas disposiciones en resultados concretos. Según cifras del Ministerio de Defensa, los integrantes de organizaciones armadas ilegales pasaron de 15.120 a finales de 2022 a aproximadamente 28.802 en julio de 2026, un incremento cercano al 90 %.

Respaldo del Gobierno y críticas de la oposición

El presidente Abelardo de la Espriella celebró la aprobación del proyecto y agradeció al Congreso por respaldar una iniciativa que, según su administración, permitirá fortalecer la seguridad y la justicia.

La propuesta contó con el apoyo de sectores del Centro Democrático, los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, de la U y Salvación Nacional, además de congresistas independientes.

Desde la oposición, integrantes del Pacto Histórico cuestionaron tanto el contenido como la rapidez del trámite legislativo. El congresista Gabriel Becerra anunció acciones judiciales por presuntos vicios de procedimiento, mientras que la representante María Fernanda Carrascal expresó reparos frente a las facultades del presidente para determinar qué organizaciones serán consideradas terroristas.

Con el trámite legislativo concluido, el siguiente paso es la sanción presidencial y la publicación de la norma para su entrada en vigor. Por tanto, la aprobación del Congreso no significa que los beneficios penales ya puedan aplicarse automáticamente.

La puesta en marcha del nuevo modelo exigirá procedimientos judiciales, mecanismos de verificación y coordinación entre las autoridades encargadas de recibir a quienes decidan someterse.