En una entrevista inédita grabada el 4 de agosto, Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, afirmó que la campaña no violó los límites de financiación, pese a la sanción del Consejo Nacional Electoral (CNE). La declaración llega justo cuando la Fiscalía continúa con dos procesos penales que involucran a Roa, y la noticia ha generado un debate intenso sobre la legalidad de la campaña y la posible influencia de la política en la industria petrolera.

Roa sostuvo que, según los peritos contables de su defensa, no hubo sobrepaso de los topes de ingresos ni de gastos en la campaña Petro Presidente. “En ningún momento se violaron los topes, ni en la primera ni en la segunda vuelta”, aseguró. La Fiscalía, por su parte, sostiene que se excedieron los límites en al menos $1.664 millones entre ambas vueltas, y que el CNE ordenó la devolución de $2.447 millones al Estado.

El CNE, en su resolución, identificó un sobrepaso de $2.459 millones en la primera vuelta y de $583 millones en la segunda, sumando más de $3.500 millones en gastos no declarados. Entre los rubros señalados se encuentran pagos a testigos electorales, aportes de personas jurídicas y costos de transporte aéreo. Además, el organismo concluyó que parte de los recursos provenían de fuentes prohibidas y que se ocultaron contribuciones que debían haberse reportado.

Roa calificó la sanción como “absolutamente desproporcionada” y afirmó que su equipo legal está dispuesto a explorar mecanismos alternativos a un juicio completo. “Entre más rápido pudiera dar por cerrados estos temas…”, dijo, subrayando que es la primera vez que enfrenta una investigación de esta naturaleza.

El segundo proceso penal se centra en la adquisición de un apartamento por parte de Roa, donde la Fiscalía acusa que recibió un precio y condiciones de pago favorables de Juan Guillermo Mancera, exdirector de Ecopetrol. Roa negó cualquier irregularidad, argumentando que el inmueble estaba abandonado, con problemas estructurales y “costosísima” en su administración. Según él, el precio de referencia debería ser el valor catastral, no el que se le ofreció.

“Nunca privilegié ni protegí a ninguna de las compañías del doctor Mancera ni del doctor Serafino Iacono”, afirmó Roa. Además, aseguró que su pareja, Julián Caicedo, “nunca ha pisado las puertas de una oficina de Ecopetrol”, disipando rumores de influencia indebida.

La entrevista también reveló que las cuentas de Roa están embargadas por “deudas sin pagar del partido que avaló al presidente”, lo que ha generado preocupación sobre la sostenibilidad financiera de la campaña y la posible presión sobre la gestión de Ecopetrol. Roa admitió que, aunque pensó en retirarse en varias ocasiones, nunca presentó formalmente su renuncia a la junta directiva de la estatal petrolera.

El caso de Roa se inserta en un contexto más amplio de escrutinio sobre la financiación de campañas presidenciales en Colombia. El CNE ha reforzado sus controles tras la elección de 2022, y la Fiscalía ha intensificado las investigaciones sobre posibles violaciones de topes y tráfico de influencias.

La declaración de Roa llega en un momento crítico, ya que la Fiscalía continúa con los dos procesos penales. Los expertos en derecho electoral señalan que la decisión del CNE puede ser revisada ante la Corte Constitucional, y que la Fiscalía podría optar por un acuerdo de culpabilidad si se demuestra la existencia de pruebas sólidas.

Para los partidarios de Petro, la defensa de Roa refuerza la narrativa de que la campaña se mantuvo dentro de los límites legales. Para los críticos, la sanción del CNE y las acusaciones de la Fiscalía siguen siendo un punto de debate.