El personal de custodia enfrenta una situación crítica en Colombia, tal como lo demuestra el reciente asesinato de un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La víctima fue Luis Francisco Ramírez, dragoneante de la cárcel de Villahermosa, ubicada en la ciudad de Cali. El crimen tuvo lugar el viernes 30 de octubre, pocos días después de que el empleado terminara su turno de trabajo.

Las primeras versiones indican que el ataque ocurrió en el barrio El Recuerdo, a pocas cuadras del centro de reclusión donde Ramírez laboraba. A pesar de que las autoridades aún no han entregado detalles completos sobre las circunstancias del homicidio, se espera que adelanten las investigaciones urgentemente. El objetivo es establecer cómo ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar los motivos detrás del asesinato, algo crucial para evitar impunidad.

La noticia fue confirmada oficialmente por el Inpec, entidad que publicó un pronunciamiento en sus canales digitales. Desde la institución lamentaron profundamente el asesinato del Dg. Luis Francisco Ramírez, quien cumplía funciones vitales en la operación de la cárcel. Además, manifestaron su preocupación por las amenazas y los hechos de violencia que afectan sistemáticamente a quienes trabajan en el sistema penitenciario nacional.

Este hecho resalta una tendencia alarmante de violencia contra los trabajadores del sistema. Durante octubre, otros funcionarios han sido víctimas de ataques armados e intimidaciones. Uno de los casos más recientes ocurrió el lunes 12 de octubre en Cúcuta, Norte de Santander. Allí fue asesinado el dragoneante Bryan Rangel Saavedra, funcionario de la cárcel Modelo, cuando se encontraba en una estación de servicio del sector Prados del Este. Según la información conocida, Rangel Saavedra había terminado su turno y estaba abasteciendo su vehículo cuando recibió varios disparos en la vía Anillo Vial, aproximadamente a tres kilómetros del establecimiento.

A este homicidio se suma un atentado registrado el sábado 10 de octubre en Barranquilla, en el que resultaron gravemente heridos los funcionarios del Inpec Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín. Estos sucesos han puesto nuevamente la atención sobre las condiciones de seguridad de los trabajadores penitenciarios, quienes enfrentan riesgos tanto dentro como fuera de los establecimientos de reclusión.

Ante esta realidad, el organismo hizo un llamado a las autoridades para que se esclarezca lo ocurrido y se garantice justicia. “Este crimen nos enluta y merece nuestro absoluto rechazo”, agregó el organismo. La sociedad civil y los propios empleados exigen medidas contundentes para proteger la vida de los custodios, quienes son esenciales para el mantenimiento del orden público y la ejecución de sentencias judiciales. Sin una respuesta estatal firme, el ciclo de violencia podría intensificarse, poniendo en peligro la estabilidad institucional del país.