La reforma, incluida en la Ley de Rescate Económico, establece un esquema progresivo que eleva la cotización de los trabajadores dependientes según sus ingresos. Los cambios no afectarían a quienes ganan hasta dos salarios mínimos.

El Gobierno de Abelardo De la Esprilla presentó este 29 de octubre ante la Cámara de Representantes una propuesta que modifica el porcentaje que los trabajadores dependientes destinan al sistema de salud. A partir del 1 de enero de 2027, la cotización podría pasar del 4% actual hasta un 8% para los salarios más altos, según el proyecto de Ley de Rescate Económico.

La iniciativa, que aún debe surtir trámite en el Congreso, no aplica un incremento uniforme. Por el contrario, plantea una escala progresiva con ocho rangos salariales. Quienes ganen hasta dos salarios mínimos mensuales (aproximadamente $2.600.000 en 2024) mantendrían el 4% actual. A partir de allí, la tarifa sube gradualmente: 5,5% para ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos; 6% entre cuatro y cinco; 6,5% entre cinco y diez; 7% entre diez y quince; 7,5% entre quince y veinte; y finalmente 8% para quienes perciban entre veinte y veinticinco salarios mínimos.

El porcentaje se calcula sobre el salario base de cotización, que no puede ser inferior a un salario mínimo. La contribución del empleador, en tanto, se mantiene sin cambios en el 8,5%.

La reforma también alcanza a los independientes. Para ellos, la cotización actual del 12,5% se mantiene para ingresos de hasta dos salarios mínimos. Luego asciende de forma progresiva: 13% entre dos y cuatro salarios; 13,5% entre cuatro y cinco; 14% entre cinco y diez; 14,5% entre diez y quince; 15% entre quince y veinte; y 15,5% para quienes superen los veinte y lleguen hasta veinticinco salarios mínimos.

La modificación se inscribe en el capítulo de la Ley de Rescate Económico dedicado a la recomposición de las fuentes del sistema de seguridad social. El proyecto plantea que una parte de las cotizaciones —1,5 puntos porcentuales del total— pueda destinarse a financiar a los beneficiarios del régimen subsidiado, aliviando la presión fiscal sobre el Estado.

De aprobarse, la medida alteraría el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, que rige el sistema de salud colombiano desde hace tres décadas. El debate en el Congreso será clave para definir si la progresividad propuesta logra equilibrar la sostenibilidad financiera del sistema sin castigar a los trabajadores de menores ingresos.