La reforma presentada por el gobierno de Abelardo de la Espriella eliminaría la exclusión del impuesto para el servicio de conexión en hogares de menores ingresos. La iniciativa también grava apuestas en línea, cine, eventos deportivos, plataformas de alojamiento y computación en la nube.

El gobierno colombiano presentó este 29 de octubre ante el Congreso la Ley de Rescate Fiscal, un proyecto que propone retirar el beneficio que hoy mantiene al internet de los estratos 1, 2 y 3 excluido del IVA. De aprobarse, la conexión domiciliaria pasaría a pagar el 19%, un alza que afectaría directamente a seis de cada diez hogares con acceso a este servicio en el país.

Esa medida implica un costo adicional para millones de usuarios que utilizan la red para ver películas en plataformas de streaming, consultar redes sociales, escuchar música o trabajar desde casa. Pero no es la única. El articulado incluye el mismo gravamen para los juegos de suerte y azar operados por internet, las boletas de cine, las entradas a eventos deportivos, los servicios de alojamiento como Booking o Airbnb y la computación en la nube, por ejemplo Drive o Dropbox. En el caso de las apuestas en línea, la base imponible sería el valor depositado en la cuenta dividido entre 1,19.

La iniciativa, que consta de 106 artículos y cinco pilares, fue explicada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Busca reducir el gasto público en más de $40 billones, equivalentes al 2,2 % del PIB, con el fin de atender la crisis fiscal que enfrenta el país.

El primer pilar es el rescate fiscal, orientado a frenar el crecimiento de la deuda y a conseguir recursos para el Presupuesto General de la Nación de 2027. El segundo es el rescate social, que devolvería el IVA a 19 millones de colombianos considerados afectados por ese impuesto. El tercero, el rescate de la salud, destinaría $30 billones en cuatro años. El cuarto, el rescate de la inversión, plantea reducir impuestos e incentivar a los pequeños empresarios. Y el quinto, el rescate del Estado de la corrupción y el derroche, busca recortar costos de funcionamiento y hacer más eficiente la administración pública.

Frente a estas medidas, las reacciones políticas no se hicieron esperar. Desde la oposición del Pacto Histórico hasta sectores afines al gobierno como el Centro Democrático han expresado su rechazo, aunque con matices. La senadora uribista María Clara Posada dijo que no acompañará el incremento de impuestos a la clase media. “Celebro los beneficios a la inversión, así como la reducción del 20 % en el gasto de nómina, 50 % en contratistas y la rebaja del impuesto de renta corporativa del 35 % al 31 %”, afirmó, al tiempo que rechazó cualquier carga adicional sobre los ciudadanos.

El proyecto apenas inicia su trámite en el Congreso. De convertirse en ley, el cambio en el IVA a internet y a otros bienes y servicios se sumará a un paquete de ajustes que el Ejecutivo considera necesarios para sanar las cuentas públicas, pero que ya enfrenta un fuerte pulso político.