Un expediente fechado el 24 octubre 2025, titulado “Declaración de Valledupar por el cierre del proceso del Ralito”, ha sacado a la luz un conjunto de compromisos entre el Gobierno de Gustavo Petro y excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se desempeñan como gestores de paz. El texto, que se firmó bajo la secretaría técnica de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, plantea incentivos como la reubicación carcelaria, la extradición y la acumulación jurídica de penas para los exparamilitares que colaboren con la justicia.

El documento, que se reveló en medio de las acusaciones de la exdirectora del Dapre y del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, indica que el Estado “estudiará mecanismos legales” para facilitar la reinserción de los gestores de paz. Entre los puntos más relevantes se encuentran:

• Reubicación carcelaria: traslado de los excomandantes a centros de detención con condiciones de libertad condicional.
• Excarcelación: revisión de la situación jurídica de los gestores de paz que permanecen privados de la libertad.
• Extracción de tareas: asignación de labores de gestión de paz dentro de los centros de reclusión.
• Acumulación jurídica de penas: posibilidad de consolidar las condenas para agilizar los procesos de libertad condicional.

El expediente también menciona la intención de retomar la iniciativa de colonias agrícolas como mecanismo de resocialización y aporte productivo a las comunidades. Los gestores de paz tendrían que presentar, en un plazo de diez días hábiles, una actualización de sus planes de trabajo con las tareas que permitirían implementar los compromisos establecidos durante las reuniones.

¿Qué implica el “Proceso de Ralito”?

El “Proceso de Ralito” es la fase final del acuerdo de paz con las AUC, que busca cerrar los capítulos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Según la declaración, las reuniones en Valledupar, celebradas entre el 22 y el 24 de octubre, fueron parte de este proceso y se llevaron a cabo bajo la supervisión de la secretaría técnica de Angie Rodríguez, con la participación de su asesor Víctor de Currea Lugo y el entonces director nacional de Inteligencia, Jorge Arturo Lemus.

El documento señala que el Estado “estudiará mecanismos legales” como incentivos para las personas comprometidas en el cierre del proceso. Esta propuesta ha generado controversia, pues algunos críticos sostienen que la política de excarcelación y extradición favorece a exparamilitares que podrían haber participado en delitos graves.

La revelación del Pacto de Valledupar ha provocado un intenso debate en la esfera política y jurídica. La exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, han señalado que el Gobierno de Petro habría buscado que antiguos comandantes de las AUC hicieran declaraciones contra figuras como Álvaro Uribe, Abelardo De la Espriella y Germán Vargas Lleras.

En respuesta, la Fiscalía y la Comisión de Acusación han anunciado que iniciarán investigaciones para determinar la veracidad de las acusaciones y si hubo presión indebida sobre los espacios institucionales. Los investigadores también examinarán la legalidad de los incentivos propuestos y su compatibilidad con los principios de justicia y reparación establecidos en el acuerdo de paz.

El Pacto de Valledupar plantea un dilema para la política de paz en Colombia. Por un lado, la excarcelación y la extradición podrían acelerar la reconciliación y la reinserción de exparamilitares en la sociedad. Por otro, la percepción de impunidad y la posible falta de rendición de cuentas podrían socavar la confianza en el Estado y en el proceso de paz.

Los expertos en derechos humanos y en justicia transicional han llamado a que cualquier medida de reinserción se realice bajo estrictos controles judiciales y con la participación de la sociedad civil. Asimismo, se destaca la necesidad de que las colonias agrícolas y otros programas de resocialización se diseñen con criterios de transparencia y participación comunitaria.

El documento del Pacto de Valledupar ha puesto de relieve la complejidad de equilibrar la justicia con la reconciliación en un país que ha sufrido décadas de conflicto armado. Mientras la Fiscalía y la Comisión de Acusación llevan a cabo sus investigaciones, la sociedad colombiana sigue vigilando de cerca cada paso del Gobierno de Gustavo Petro, con la esperanza de que la política de paz se mantenga firme y justa para todos los actores involucrados.