Un escrito presentado ante la Fiscalía el pasado lunes incorpora la declaración de una fuente reservada que asegura que el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue orquestado en al menos cuatro reuniones clandestinas. Los encuentros, según el informe, tuvieron lugar en un campamento de alias “Iván Márquez” en Venezuela y en tres sesiones en la zona de Carurú, Vaupés, Colombia, bajo la coordinación de los alias “John 40”, “El Zarco Aldinever” y “Yaco”. La información refuerza las acusaciones de María Claudia Tarazona, viuda del senador y candidato, quien sostiene que la orden provino del Congreso y que el financiamiento llegó desde Venezuela.

El documento, que ya forma parte del expediente judicial, describe el primer y principal encuentro en territorio venezolano, donde participaron, además de los citados, al hijo de “Tirofijo”, alias Enrique Marulanda, criado por la excongresista Sandra Ramírez cuando pertenecía a las FARC. Tarazona había señalado a Marulanda como quien dio la “orden material” del atentado, diferenciándola de la supuesta “orden intelectual” de otros dirigentes.

Las tres reuniones restantes se habrían desarrollado en el campamento de “John 40” en Carurú, Vaupés. Allí, la logística del dinero pasó de Villavicencio a Carurú, con la participación de dos hermanos de “John 40” residentes en Villavicencio y del alias “El Viejo”, encargado de coordinar la entrega de fondos y la ejecución del homicidio. La fuente asegura que, el día 12 de junio, fecha de la muerte de Uribe, los conspiradores se encontraban en Carurú, donde “John 40” celebró disparando al aire tras emborracharse.

El escrito también menciona visitas de un abogado vinculado a “Yaco” a “Araña”, preso que, según Tarazona, habría gestionado la entrada del dinero desde Venezuela a través de los “Comandos de Frontera” y la Segunda Marquetalia. En ese contexto, la Fiscalía deberá validar la autenticidad de los chats y fotografías entregados por la viuda del senador, los cuales, según ella, incluyen mensajes de abril de 2025 que advertían sobre un plan contra Uribe y otros dirigentes del Centro Democrático.

Entre los nombres que emergen en la investigación, destaca Géner García Molina, alias “John 40”, señalado como posible cerebro financiero del magnicidio. Según la publicación de Semana, “John 40” habría reunido 5 000 millones de pesos, parte de los cuales provendrían de una mina de oro y coltán en Barrancominas, Guainía, bajo su control. Tarazona, por su parte, afirmó que la mina ilegal de Enrique Marulanda en Vaupés o Guainía pertenece a “John 40”.

La Fiscalía ha anunciado la apertura de una investigación de policía judicial para rastrear el origen de los documentos y corroborar la veracidad de los testimonios. El objetivo es determinar la responsabilidad de los presuntos organizadores, los posibles vínculos con grupos armados y la supuesta financiación venezolana.

Este nuevo hallazgo se suma a la serie de revelaciones que han sacudido la escena política colombiana en las últimas semanas. La muerte de Miguel Uribe, ocurrido el 12 de junio, había generado una ola de protestas y exigencias de justicia. La viuda del senador ha mantenido que el caso trasciende a un simple sicario, insistiendo en la existencia de una red de alto nivel que habría planificado el atentado con antelación.

Con la investigación en curso, la opinión pública espera respuestas claras sobre la participación de actores internacionales y la posible complicidad de funcionarios. Mientras tanto, la Fiscalía continúa recopilando pruebas, mientras los medios siguen analizando los documentos que podrían redefinir la narrativa del magnicidio y sus implicaciones para la seguridad y la política en Colombia y la región.