El ministro del Interior, Rodrigo Lara, salió en defensa del proyecto de Estatuto Antiterrorista que el gobierno de Abelardo de la Espriella prepara para presentar ante el Congreso. Ante los cuestionamientos de sectores opositores que advierten riesgos para la protesta social, el funcionario aseguró que la iniciativa busca combatir las organizaciones criminales y sus finanzas, sin afectar las libertades públicas ni a los adversarios políticos.

“A todos los colombianos: no se dejen meter cuentos de la oposición”, escribió Lara. El ministro realizó tres precisiones fundamentales sobre el documento, que aún se encuentra en fase preliminar. En primer lugar, subrayó que la normativa está dirigida exclusivamente contra grupos terroristas, por lo que ningún expresidente, partido opositor o actor político tiene motivos para temer. Además, anunció que junto al presidente De la Espriella se han incorporado disposiciones para golpear las finanzas ilegales de estas bandas. Finalmente, lo calificó como un instrumento “firme y extraordinario” para garantizar el imperio de la ley en todo el territorio nacional.

El Estatuto Antiterrorista, que pasará primero por el Consejo de Política Criminal el próximo 15 de octubre antes de su trámite legislativo, contempla la creación de una lista pública de organizaciones terroristas, tomando como referente la lista OFAC de Estados Unidos. La inclusión en este registro, que sería elaborado por el Consejo de Seguridad Nacional, conllevaría el congelamiento de activos, fondos bancarios y la prohibición de contratar con el Estado o acceder a subsidios. Actualmente, figuran en esta categoría el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

Pese a estas explicaciones, la oposición mantiene sus reservas. El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, advirtió que el carácter genérico de algunas definiciones podría facilitar la criminalización de la protesta social bajo el pretexto de combatir el terrorismo. También cuestionó la creación de un comisionado contra el terrorismo con “plenos poderes”. Desde el mismo partido se ha alertado sobre el impacto político de usar la lista OFAC como criterio de inclusión, dado que el expresidente Gustavo Petro figura en ese registro estadounidense.

En contraste, la iniciativa ha despertado interés internacional. Lara destacó que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Departamento de Estado de EE. UU. han mostrado una valoración positiva por la originalidad y eficacia de las medidas propuestas. A nivel interno, congresistas afines al gobierno, como el senador Hernán Cadavid, han solicitado mensaje de urgencia para acelerar el debate de esta ley estatutaria en el Congreso.

El destino final y los alcances definitivos de la propuesta se conocerán tras su revisión técnica en el Consejo de Política Criminal, donde se dilucidará si el texto logra equilibrar la seguridad nacional con el respeto a los derechos fundamentales.