En una entrevista contundente, la excandidata presidencial y exsecuestrada lanzó duras críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz, a la que acusa de banalizar el crimen y favorecer a los excomandantes de las FARC. Betancourt pidió al Gobierno un esquema transicional hacia la justicia ordinaria que garantice “cero impunidad”.

BOGOTÁ — Con un llamado frontal a desmantelar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Ingrid Betancourt intervino nuevamente en el debate nacional sobre justicia transicional. Durante una entrevista en el programa Aquí y Ahora de La FM, la política franco-colombiana, secuestrada durante siete años por las FARC, afirmó que este tribunal “se volvió protector de los victimarios” y demandó su reemplazo por un mecanismo que priorice realmente a las víctimas del conflicto.

“La JEP se tiene que acabar”, sentenció Betancourt, argumentando que la jurisdicción creada con el Acuerdo de Paz de 2016 ha derivado en “la banalización del crimen”. Aunque inicialmente apoyó el proceso confiando en que las víctimas serían el centro, asegura que la realidad ha sido la inversa: la balanza se inclinó a favor de los excombatientes.

Betancourt se refirió específicamente a audiencias privadas de la JEP que, según ella, evidencian una dinámica perversa. Relató con dolor haber visto “la risa de la magistrada” Julieta Lemetre en una audiencia, describiéndola como “una sonrisa de complicidad” dirigida a Rodrigo Londoño, alias Timochenko. “Sentí que se había desequilibrado la balanza y que quien manejaba la audiencia era él”, afirmó.

También contrastó el trato dado a las víctimas y a los excomandantes. Mencionó que en una audiencia donde estuvo frente a Timochenko y Joaquín Gómez, a las víctimas “las ponían a hablar en un tiempo muy cortico” y les cortaban la palabra, mientras a los otros les permitían “explayarse en lo que quisieran”. Para Betancourt, sí debe existir un trato diferencial, “pero a favor de las víctimas”.

La expolítica fue categórica al señalar que los exmiembros del secretariado de las FARC no han cumplido con los requisitos para acceder a sentencias favorables, empezando por la verdad. “Ellos han mentido y siguen mintiendo”, aseveró, desmintiendo rotundamente versiones como que los secuestrados recibían la mejor comida. “Es falso de toda la falsedad. Nosotros comimos arroz y lentejas, ellos tenían frutas, gaseosas, dulces”.

En materia de reparación, su denuncia fue aún más cruda: los victimarios “nunca entregaron nada” de los bienes prometidos. “Son multimillonarios y nosotros somos multipobres”, declaró, revelando que ella vive de dar conferencias y que muchos de sus compañeros de cautiverio sufren graves secuelas psiquiátricas o problemas de alcoholismo que les impiden trabajar.

Betancourt también reclamó castigo, aclarando que no es por venganza. “Nunca pidieron perdón… La única manera de sanar es ver en los ojos de ellos que les duele lo que nos hicieron”. Relató que ella misma necesitó siete años de acompañamiento psiquiátrico.

Dirigiéndose al Gobierno nacional, al ministro del Interior y al de Justicia, Betancourt pidió la creación de un “esquema transicional para pasar de la JEP a una justicia ordinaria” que, finalmente, cumpla las promesas de verdad, justicia y reparación. Exigió “cero impunidad” y sentenció que quienes hayan violado el acuerdo “tienen que irse para la cárcel, y una cárcel ordinaria”.

Entre las verdades pendientes, destacó la necesidad de saber “quién los dateó“, es decir, quién informó a la guerrilla sobre ubicaciones clave, un dato que, según ella, a nadie parece interesarle investigar.

Al ser consultada sobre los magistrados de la JEP, su respuesta fue breve y definitiva: “Nada, nada. Yo ese tema ya lo cerré”. Concluyó con una advertencia que resume su postura: “Si no hay justicia, no hay paz”.

La intervención de Betancourt, una de las víctimas más simbólicas del conflicto, reaviva el intenso debate sobre el rumbo de la justicia transicional en Colombia y presiona al Gobierno de Gustavo Petro, quien ha defendido la JEP como pilar fundamental de la paz.