La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó su respaldo al proyecto de decreto promovido por el Ministerio del Interior, con el que se busca modificar el Decreto 003 de 2021, que establece el protocolo de actuación de las autoridades frente a la protesta pacífica.

De acuerdo con la organización, los cambios propuestos no restringen el derecho a la protesta, sino que buscan precisar las reglas para su aplicación y establecer garantías tanto para quienes participan en las manifestaciones como para las personas que no lo hacen. Asocapitales destacó que el proyecto mantiene la presunción de que las protestas son pacíficas y establece que la responsabilidad por eventuales conductas ilícitas es individual y no colectiva.

El proyecto también plantea un modelo de actuación de las autoridades organizado por niveles y mantiene la obligación de preservar el diálogo con los gestores de convivencia. Para Asocapitales, estas disposiciones permitirían establecer criterios más definidos para la intervención de las autoridades durante las jornadas de movilización.

La asociación citó cifras de la Defensoría del Pueblo para señalar la dimensión de las protestas en el país. Según esos datos, durante 2025 se registraron 4.039 protestas y conflictos sociales en 536 municipios, un promedio de 11 jornadas diarias. El bloqueo de vías fue el principal mecanismo utilizado, con el 41 % de los casos.

Uno de los principales cambios contempla que la Policía pueda intervenir desde el inicio de una manifestación cuando se evidencie la presencia de armas o explosivos, agresiones contra terceros, comunicadores o integrantes de misiones médicas, retención de personas o destrucción de infraestructura. El proyecto busca regular el Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y la Protección del Derecho a la Protesta Pacífica.

Otro de los ajustes establece que la Policía deberá disponer de un dispositivo ubicado a una distancia mínima de cuatro metros durante el desarrollo de la manifestación. El proyecto se encuentra en trámite ante el Ministerio del Interior y establece las condiciones bajo las cuales las autoridades deberán actuar frente a situaciones que puedan afectar la seguridad, la movilidad, los servicios esenciales y los bienes públicos.