El presidente Abelardo de la Espriella anunció una ofensiva contra empresas de seguridad privada que, según el Gobierno, estarían siendo utilizadas como fachada por estructuras criminales para adquirir armas y fortalecer sus operaciones.

La instrucción fue impartida al recién posesionado superintendente de Seguridad Privada, Wilson Caballero, quien deberá impulsar investigaciones y acciones administrativas contra las compañías bajo sospecha.

De acuerdo con el mandatario, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada avanza en actuaciones contra empresas que tendrían presuntas conexiones con organizaciones como Los Costeños y el Clan Vega Daza, además de casos relacionados con irregularidades en el control de armas. De la Espriella exigió que se refuercen las verificaciones sobre las compañías autorizadas para prestar servicios de vigilancia.

El presidente mencionó los casos de Maximus, cuya licencia fue cancelada, y de Blink, Lost Prevention y Atenas, a las que se les han impuesto decisiones de cancelación que todavía deben quedar en firme. También citó a OL Security Group–Servisecurity, empresa que permanece suspendida mientras avanza el trámite para definir la cancelación de su licencia.

La ofensiva anunciada también está relacionada con la desaparición de cientos de armas que permanecían bajo custodia de empresas de vigilancia. En abril pasado, la Superintendencia reportó la pérdida de 393 armas de fuego y suspendió las licencias de Águila de Oro, Laucris Security y Helam mientras avanzaban las investigaciones.

Según el informe citado por el Gobierno, las tres compañías tenían como elemento común a un coordinador de archivos, Elkin David Polanco Pérez, quien habría tenido acceso directo al armamento en virtud de un acuerdo de colaboración empresarial. El paradero de las armas no había sido esclarecido y el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para establecer las circunstancias de su desaparición y eventuales responsabilidades.

Ante esta situación, De la Espriella ordenó a la Supervigilancia y a las demás entidades competentes reforzar los controles y establecer el destino de las armas faltantes. El mandatario advirtió que quienes resulten responsables deberán responder ante la justicia y aseguró que su Gobierno extenderá las investigaciones contra empresas que presuntamente estén siendo utilizadas por estructuras criminales como fachada en distintas regiones del país.