La Fiscalía General de la Nación citó formalmente a audiencia de imputación de cargos a Luis Óscar Gálvez Mateus, exinterventor de la Nueva EPS, y a tres exfuncionarios de la entidad, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio culposo. La decisión judicial responde a la investigación por la muerte de Kevin Acosta, un menor de siete años con hemofilia severa que falleció tras no recibir a tiempo los medicamentos requeridos para controlar una hemorragia.

La diligencia penal, programada para el próximo 24 de agosto, también vincula a Nelson Ramírez Plaza, quien ejercía como auditor de concurrencia y gerente regional, junto a las funcionarias Jessica Paola Triana y Diana Marcela Caballero.

Una tragedia marcada por presunta negligencia médica

Los hechos que originaron el proceso judicial ocurrieron en el departamento del Huila, luego de que el menor sufriera una caída en bicicleta. De acuerdo con la denuncia interpuesta por su madre, Katherine Pico, el paciente permaneció cerca de 24 horas sangrando por la nariz y un oído dentro del centro asistencial sin recibir el tratamiento especializado que su condición demandaba.

Pese a los reiterados llamados de auxilio y las súplicas de los familiares para suministrar el factor coagulante esencial para contener la pérdida de sangre, la respuesta institucional nunca llegó, derivando en el desenlace fatal.

El caso trascendió al debate público tras los pronunciamientos del expresidente Gustavo Petro, quien en su momento cuestionó la responsabilidad de la madre por permitir que el infante usara una bicicleta teniendo un diagnóstico de alto riesgo. Asimismo, el exmandatario divulgó apartes de la historia clínica del menor para sustentar su postura, alegando que dicha acción no constituía una falta.

Ante este panorama, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes recibió compulsa de copias por parte del ente acusador para indagar al expresidente. Las investigaciones preliminares buscan determinar su eventual responsabilidad en la presunta violación de datos personales agravada y su vinculación como garante en el caso de homicidio culposo.

El caso de Kevin Acosta visibiliza un problema estructural en la Nueva EPS, entidad que enfrenta múltiples cuestionamientos por el deterioro generalizado en la prestación de sus servicios. Las constantes quejas de los usuarios señalan trabas en la asignación de citas prioritarias, demoras críticas en la autorización de procedimientos y fallas recurrentes en la dispensación de fármacos de alto costo, situaciones que habrían comprometido la vida de otros pacientes con enfermedades crónicas o huérfanas en el país.