La extorsión se ha convertido en la principal amenaza para los caficultores de Norte de Santander, donde 7 de cada 10 productores son víctimas de cobros ilegales por parte de grupos armados, según un estudio del Politécnico Grancolombiano. La investigación, titulada “Café, conflicto y extorsión: un análisis cuantitativo en municipios de Colombia”, revela que menos del 15% de las víctimas denuncia, lo que perpetúa un ciclo de impunidad y refuerza el control criminal en la región.

El informe, liderado por los docentes Jaime Wilches, Karolina Baquero y Rodrigo Atehortúa, destaca que la extorsión en esta zona no siempre implica violencia física. Llamadas intimidantes, cobros por hectárea cultivada o por carga transportada son métodos comunes para extorsionar a productores, transportadores y comerciantes. El Catatumbo y municipios como El Carmen y El Zulia son focos críticos, donde la producción cafetera convive con economías ilegales y estructuras armadas que imponen “vacunas” sistemáticas.

La extorsión como “renta criminal” en zonas sin autoridad efectiva

Según Wilches, la ausencia de un Estado presente facilita que la extorsión se normalice como un mecanismo cotidiano de financiación criminal. En el Catatumbo, por ejemplo, la presencia de cultivos de coca incrementa la tasa de extorsión en 3.5 casos por cada 100.000 habitantes, según Atehortúa. “Estas organizaciones aprovechan la infraestructura logística, rutas de movilidad y redes de vigilancia para imponer su control”, explicó.

El estudio también advierte que la extorsión ha reemplazado al secuestro como principal fuente de ingresos para los grupos armados en la región. Norte de Santander, por su ubicación fronteriza con Venezuela y sus corredores estratégicos, se ha convertido en un punto clave para el sostenimiento financiero de estas estructuras.

Impacto en la economía local y el tejido social

La docente Karolina Baquero señaló que la extorsión no solo afecta la economía cafetera, sino que deteriora la organización comunitaria. “Las cooperativas pierden fuerza, los productores dejan de asociarse por miedo a represalias y las cadenas productivas se fragmentan”, afirmó. En una región donde la asociatividad es clave para la supervivencia campesina, este fenómeno tiene consecuencias devastadoras.

Además, el temor generalizado y la falta de rutas seguras para denunciar agravan la situación. “Si no se interviene, la extorsión podría consolidarse como una práctica permanente en las zonas agrícolas”, advirtió Atehortúa.

¿Qué sigue para los caficultores?

El informe del Politécnico Grancolombiano subraya la urgencia de fortalecer la presencia institucional y crear mecanismos de protección para los productores. Mientras tanto, la mayoría de los afectados opta por pagar las “vacunas” para evitar represalias, perpetuando un círculo vicioso que beneficia a los grupos criminales.

Este escenario refleja la vulnerabilidad de las economías legales en regiones donde la violencia y la ilegalidad se entrelazan.