El 24 de abril de 2026, una buseta cargada de explosivos detonó frente a la Tercera Brigada del Ejército en el cantón militar Pichincha, en el sur de Cali. Una mujer de 42 años resultó lesionada y las autoridades han elevado la recompensa por la captura de los responsables a 200 millones de pesos.

A las 10:30 a.m., las cámaras de seguridad del sector captaron la detonación de una buseta frente al cantón militar Pichincha. El vehículo, que llevaba dos artefactos explosivos, provocó una explosión que dejó una mujer de 42 años con trauma cerrado de tórax, lesiones leves en la columna y en los miembros superiores. El secretario distrital de Salud, Germán Escobar Morales, confirmó que la víctima fue atendida en el lugar y trasladada a un centro hospitalario, donde se espera una evolución positiva.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció una recompensa inicial de 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura y judicialización de los atacantes. En los minutos posteriores, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció que la cifra se incrementaría a 200 millones de pesos, con el apoyo de las autoridades regionales. “Es momento de trabajar unidos por Cali, presidente Gustavo Petro, ministro de Defensa y fuerzas vivas”, afirmó Eder en una conferencia de prensa.

Tras el atentado, la Alcaldía activó un plan candado en toda la zona para ubicar a los responsables. Se convocó un consejo de seguridad regional, donde participaron autoridades civiles y miembros de la Fuerza Pública, para analizar la situación y coordinar las acciones de respuesta. Además, la Secretaría de Salud elevó el nivel de alerta hospitalaria y realizó un barrido de clínicas y hospitales para detectar posibles víctimas adicionales.

El alcalde Eder describió el ataque como parte de una “ofensiva criminal” que vuelve a convertir a Cali en blanco del terrorismo. “Hoy más que nunca necesitamos unidad y coordinación en todos los niveles del Estado para enfrentar con firmeza a los narcoterroristas”, dijo. La gobernadora Toro añadió que la recompensa aumentada refleja la gravedad del delito y la urgencia de identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se han registrado víctimas fatales. La investigación continúa y las autoridades están trabajando en la identificación de los atacantes. El caso ha generado preocupación en la comunidad y ha reforzado la necesidad de reforzar la seguridad en los cantones militares y en las zonas de alto riesgo.