Tras seis días de bloqueos que paralizaron vías clave en varias regiones de Colombia, el paro nacional contra el incremento desmedido de los avalúos catastrales llegó a su fin. Risaralda, Boyacá y Casanare se unieron a los acuerdos firmados en Santander, donde las autoridades lograron destrabar la crisis social mediante mesas de concertación con campesinos, líderes comunitarios y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Acuerdos en Santander: el primer paso para desescalar la tensión

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, lideró las negociaciones que permitieron levantar los bloqueos en 16 municipios del departamento, entre ellos Lebrija, San Gil y Barichara. Los incrementos en los avalúos catastrales —que en algunos casos superaron el 8.000%— generaron rechazo por su impacto en el impuesto predial, principal motivo de las protestas.

El acta firmada establece una hoja de ruta para revisar y ajustar los avalúos, con medidas como:

• Mesas técnicas con el IGAC para analizar caso por caso.
• Asistencia a alcaldías para facilitar ajustes en los avalúos.
• Alivios tributarios, como plazos extendidos y descuentos por pronto pago.
• Priorización de municipios más afectados, garantizando transparencia con participación comunitaria.

Risaralda, Boyacá y Casanare se suman a la solución

Tras la intervención del ministro del Interior, Armando Benedetti, los bloqueos en otras regiones también cesaron:

• Casanare: Se levantó el bloqueo en la vía Marginal del Llano, salida de Yopal hacia Villavicencio.
• Risaralda: La vía entre Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal fue habilitada. Los campesinos lograron que el impuesto predial rural se suspenda por tres meses y exigieron la revisión técnica de los avalúos cuestionados.
• Boyacá: En Chitaraque y Moniquirá, los bloqueos finalizaron, aunque persisten tensiones en municipios como Chiquinquirá, Saboyá y Tinjacá, donde se mantienen mesas de diálogo.

Las autoridades programaron una reunión de control para el 6 de mayo para evaluar avances. Mientras tanto, el gobierno nacional y las gobernaciones regionales trabajan en soluciones que equilibren la actualización catastral con la capacidad de pago de los contribuyentes.