En medio de controversia jurídica y cuestionamientos sobre sus calificaciones, Cielo Rusinque fue reinstaurada como superintendente de Industria y Comercio mediante el Decreto 0361 de 2026, firmado por el presidente Gustavo Petro y la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales. El nombramiento ignora un fallo del Consejo de Estado que semanas atrás anuló su designación por no cumplir con los requisitos legales exigidos para el cargo.

El regreso de Rusinque a la cabeza de la entidad encargada de proteger los derechos de los consumidores y fiscalizar el comportamiento de las empresas ha generado fuertes reacciones en sectores jurídicos, económicos y políticos. El decreto, publicado esta semana, justifica la decisión en la vacancia del cargo tras la renuncia presentada por la abogada el 25 de marzo, días después de que el Consejo de Estado declarara nulo su nombramiento inicial.

Sin embargo, el documento no hace mención alguna al fallo del alto tribunal, que determinó que Rusinque no cumple con dos requisitos esenciales: contar con una maestría o doctorado en áreas relacionadas con la función pública, ni poseer más de diez años de experiencia en labores de dirección, regulación o supervisión en entidades del Estado o del sector económico.

El Consejo de Estado basó su decisión en el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, que establece los perfiles obligatorios para altos cargos directivos. Pese a ello, la Presidencia argumenta que la Ley de Garantías —vigente en periodo electoral— permite la provisión de cargos vacantes por renuncia, sin que esto implique una nueva vinculación a la nómina estatal. Esta interpretación ha sido cuestionada por expertos en derecho administrativo, quienes señalan que no puede obviarse un fallo judicial solo con una justificación técnica.

“La legalidad del nombramiento está seriamente en duda. Un fallo del Consejo de Estado es vinculante y no puede ser ignorado mediante un decreto que no lo refuta ni lo acata”, afirmó la jurista y profesora universitaria Ana María Rueda. “Esto genera inseguridad jurídica y debilita las instituciones.”

Con el decreto, además, se destituyó a Diego Andrés Solano, quien había asumido como encargado tras la salida de Rusinque. Su salida se produce en un momento clave, con procesos de investigación abiertos contra grandes empresas por prácticas anticompetitivas y con la entidad bajo escrutinio por su capacidad de respuesta frente a denuncias de consumidores.

El regreso de Rusinque no fue una sorpresa total. Días antes de la publicación del decreto, su hoja de vida apareció en el sistema de aspirantes de la Presidencia, lo que anticipó su posible retorno. Este movimiento se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno: el 5 de marzo, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) emitió un ajuste a los requisitos para superintendentes, eliminando temporalmente la exigencia de posgrados y reduciendo los años de experiencia necesarios. Cambios que beneficiaron directamente a candidatos afines al gobierno.

Rusinque ha sido una figura cercana al presidente Petro desde antes de su llegada al poder. Fue asesora en su campaña presidencial, luego directora del Departamento de Prosperidad Social y, finalmente, llegó a la Superintendencia de Industria y Comercio en 2023. Su gestión ha estado marcada por medidas controvertidas, como investigaciones exprés contra multinacionales y alianzas con movimientos sociales, pero también por críticas sobre falta de transparencia y manejo opaco de procesos internos.