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Denuncian patrón de silenciamiento contra mujeres que acusan a Hollman Morris por presunto acoso sexual

Por: becquerel

23 marzo, 2026

Procuraduría toma partida ante crecientes acusaciones contra Hollman Morris

Un grupo de más de 40 periodistas, escritoras, abogadas y activistas, entre ellas figuras públicas como María Jimena Duzán, Jineth Bedoya Lima y Catalina Ruiz-Navarro, ha denunciado un presunto patrón sistemático de intimidación judicial y mediática contra mujeres que han acusado al director de RTVC, Hollman Morris, de acoso sexual. Las firmantes señalan que el caso de Lina Castillo —quien denunció a Morris en 2019 por comportamientos de connotación sexual durante su paso por el Concejo de Bogotá— es un ejemplo de cómo el sistema judicial y el poder institucional revictimizan a las denunciantes.

Según el documento, tras hacer públicas sus acusaciones, Castillo fue demandada por Morris por los delitos de injuria y calumnia, un proceso que, pese a los estándares constitucionales que protegen la libertad de expresión en casos de violencia de género, sigue avanzando en la Fiscalía. Las firmantes cuestionan que, en lugar de investigar al presunto agresor, las autoridades hayan priorizado acciones legales contra la denunciante, lo que consideran una forma de “silenciamiento estratégico”.

Intimidación judicial y uso indebido del poder institucional

El comunicado detalla que, durante las audiencias del proceso, Morris habría asistido acompañado de personal de RTVC e incluso con equipos de grabación del sistema público, lo que las firmantes interpretan como una estrategia de presión. Además, en audiencias virtuales, el directivo habría utilizado el logo institucional de RTVC, un hecho que consideran un “abuso de poder mediático” en un proceso de carácter personal.

A estas irregularidades se suma el testimonio de una excolaboradora de Morris, quien aseguró haber presenciado comentarios sexuales y actitudes “asfixiantes” hacia Castillo en el entorno laboral. La denunciante también relató episodios en los que Morris habría hecho insinuaciones sobre su apariencia física y habría intentado tocarla en reuniones.

Amenazas y revictimización: el caso de Lina Castillo

El caso de Castillo ha estado marcado por la controversia desde sus inicios. Tras denunciar públicamente el acoso en 2019, la entonces militante de Colombia Humana recibió amenazas, incluyendo un episodio en el que fue retenida por hombres armados que le advirtieron guardar silencio. Aunque posteriormente se apartó del proceso y rectificó su denuncia, su testimonio sigue siendo un referente en el debate sobre acoso, poder y justicia en Colombia.

Las firmantes del comunicado advierten que el miedo a represalias —laborales, judiciales o personales— disuade a otras mujeres de denunciar, perpetuando ciclos de impunidad. “El silencio no puede ser la respuesta”, señalan, exigiendo a las autoridades garantizar un proceso con enfoque de género y respeto por los derechos de las víctimas.

Reacciones políticas y sectoriales

El caso ha trascendido el ámbito periodístico. La representante Jennifer Pedraza cuestionó el uso de recursos públicos en medio del proceso judicial, mientras otras voces del sector advierten sobre el riesgo de que el poder institucional sea utilizado para intimidar a quienes denuncian. Voces como la de la abogada y activista Claudia López han insistido en la necesidad de reformar los protocolos de protección a denunciantes.

Por su parte, Hollman Morris ha negado las acusaciones, argumentando que las denuncias son falsas y que forman parte de una campaña de desprestigio. Su defensa legal sigue en curso, pero el debate sobre el uso del poder, la libertad de expresión y las garantías para las mujeres que denuncian acoso en Colombia sigue escalando.

El comunicado cierra con un llamado a las autoridades para que el sistema judicial no revictimice a las denunciantes y garantice un proceso justo. Las firmantes exigen que, en lugar de perseguir a quienes denuncian, se investigue a los presuntos agresores y se proteja a las víctimas de violencia basada en género.

Mientras el caso avanza, el debate sobre el acoso en espacios de poder y la impunidad en Colombia gana fuerza, reflejando la urgencia de transformar las condiciones que aún dificultan la denuncia de estas violencias.