Los grupos terroristas y de crimen organizado en Colombia obtienen ingresos anuales cercanos a 40,5 billones de dólares, una cifra que supera el Presupuesto General de la Nación para 2026, que asciende a 136.700 millones de dólares. Esta revelación forma parte del diagnóstico realizado por el Comité de Revisión Estratégica e Innovación (CREI), iniciativa del Ministerio de Defensa para articular a todas las fuerzas del Estado en la lucha contra las finanzas criminales.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que el problema del narcotráfico y las economías ilegales no se resuelve solo con acciones militares. “Estamos implementando una estrategia que contempla un 30% de intervención de la Fuerza Pública y un 70% de acción unificada del Estado”, afirmó durante un evento en Bogotá. Sánchez enfatizó que el componente militar debe ser “contundente” contra las economías ilícitas, pero subrayó la necesidad de abordar las causas estructurales que alimentan estas actividades.

El CREI estima que los 40,5 billones de dólares provienen de múltiples fuentes: narcotráfico, minería ilegal, extorsión, secuestro y otras actividades delictivas. A pesar de los constantes golpes a estos grupos, el flujo de dinero se mantiene estable, lo que les permite reconstruir rápidamente su estructura. Según la Fiscalía, en Colombia operan más de 2.000 agrupaciones de crimen organizado, desde estructuras nacionales como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, hasta bandas locales que delinquen en barrios o comunas específicas.

Los expertos del CREI advierten que la persistencia de estas economías ilegales está estrechamente ligada a la dependencia de las comunidades en regiones como el Catatumbo, Bajo Cauca, Urabá, sur de Bolívar, Cauca y Nariño. En estas zonas, gran parte de la población depende de actividades ilícitas para su subsistencia, lo que dificulta su erradicación. Por ello, el comité recomienda implementar programas sociales y políticas públicas que ofrezcan alternativas económicas viables y reduzcan la atracción hacia estas actividades.

La estrategia del CREI busca no solo golpear las finanzas criminales, sino también abordar las causas profundas que permiten su reproducción. “No basta con desmantelar estructuras; hay que ofrecer oportunidades reales a las comunidades”, señaló un integrante del comité. Este enfoque integral busca debilitar la base social de los grupos armados y reducir su capacidad de reclutamiento y control territorial.

La magnitud de los recursos que mueve el crimen organizado en Colombia evidencia la complejidad del desafío que enfrenta el país. Mientras el Estado destina miles de millones de pesos a seguridad y desarrollo, las redes criminales generan flujos económicos que superan con creces la inversión pública. Esta realidad subraya la urgencia de una respuesta coordinada y sostenida, que combine fuerza legal, inteligencia financiera y políticas sociales para desarticular estas redes y ofrecer alternativas a las comunidades más vulnerables.