El Gobierno nacional anunció la eliminación de la prima especial de servicios que reciben los congresistas de la República, una medida que será formalizada mediante decreto y que hace parte de la estrategia de reducción del gasto público impulsada por el Ejecutivo. El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Según explicó el jefe de la cartera de Hacienda, esta prima especial se viene pagando desde hace más de 12 años y fue creada durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, a través del Decreto 2170 de 2013. El objetivo inicial del beneficio era cubrir los costos de instalación de los congresistas que debían trasladarse a Bogotá desde otras regiones del país al inicio de cada legislatura.

No obstante, Ávila señaló que con el paso del tiempo el beneficio perdió su carácter excepcional y se convirtió en un pago generalizado para todos los congresistas, independientemente de su lugar de residencia. Esto derivó en un costo fiscal recurrente, que actualmente asciende a cerca de $11 millones por congresista, debido a que el monto se encuentra indexado.

“Ese beneficio se transformó en un beneficio generalizado para todos los congresistas y eso condujo a un costo recurrente que lleva más de 12 años pagado a todos los congresistas, que hoy, además porque está indexado, está en cerca de 11 millones de pesos por congresista”, explicó el ministro Ávila.

De acuerdo con las cifras expuestas, el monto anual de esta prima era cercano a $11 millones por congresista. En el país hay 295 congresistas, aunque no todos recibían el beneficio, lo que representaba un gasto aproximado de $3.200 millones anuales para el Estado. Según el Ministerio de Hacienda, este desembolso no se justifica en el actual contexto fiscal y debe ser revisado dentro del proceso de ajuste de las finanzas públicas.

El ministro confirmó que la eliminación de la prima se aplicará de manera que no sea pagada en la próxima legislatura, una vez se expida el decreto correspondiente. Esta decisión se enmarca en un paquete de medidas orientadas a revisar beneficios y gastos en los niveles más altos del Estado.

Durante la misma intervención, Ávila reiteró que el salario mínimo constituye un piso obligatorio en el mercado laboral colombiano, lo que implica que ningún trabajador formal puede devengar un ingreso inferior a ese valor. En ese sentido, señaló que la política del Gobierno busca proteger los ingresos más bajos, mientras se revisan rubros de gasto asociados a altos cargos públicos.

Con información de caracol radio y wradio