Una intervención forense en el Cementerio Católico de Saravena, en el departamento de Arauca, permitió la recuperación de 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado colombiano. La operación se llevó a cabo en cumplimiento de una medida cautelar ordenada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ante el riesgo que corrían los restos óseos debido a la ausencia de registros confiables y a las precarias condiciones históricas de administración del camposanto.

La diligencia hizo parte del Plan Regional de Búsqueda del Sarare y dejó en evidencia una situación crítica: durante años, las inhumaciones se realizaron sin documentación clara, lo que dificultó la identificación de las personas enterradas y obligó a los equipos forenses a aplicar criterios técnicos estrictos para priorizar las zonas de intervención.

De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la falta de trazabilidad convirtió el abordaje humanitario en un desafío de alta complejidad. Daniella Stephanya Caballero, antropóloga de la UBPD en Arauca, explicó que los expertos encontraron múltiples niveles de cuerpos superpuestos en fosas comunes, una práctica que alteró significativamente el terreno y complicó la recuperación.

“Cuando se trata de inhumaciones tipo fosa, debido a que no existe una trazabilidad sobre las inhumaciones hechas en el cementerio, es más difícil el abordaje porque encontramos cuerpo sobre cuerpo en multinivel, lo que hace que la acción humanitaria sea más compleja”, señaló la antropóloga.

Antes de iniciar las excavaciones, los equipos realizaron estudios con georradar que permitieron identificar alteraciones en el subsuelo y orientar la selección de las áreas con mayor potencial forense. Aunque en total se adelantaron cuatro intervenciones en el cementerio, esta última representó el primer abordaje a profundidad en zonas críticas del camposanto.

Durante varios días de trabajo, los expertos concentraron sus labores en cuatro áreas priorizadas, donde lograron recuperar seis cuerpos que se encontraban inhumados directamente en el suelo. En conjunto, las intervenciones permitieron abordar 81 cuerpos en sitios de interés forense. De ese total, 34 cumplieron con los criterios de competencia de la UBPD, al corresponder a víctimas de desaparición forzada relacionadas con el conflicto armado.

La caracterización de los puntos intervenidos se realizó de manera articulada con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, lo que facilitó la identificación de patrones de inhumación en un contexto marcado por el desorden estructural y la falta de control institucional durante años.

De los 34 cuerpos recuperados, 27 fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se adelantan análisis antropológicos y genéticos para establecer su identidad y, eventualmente, entregarlos a sus familias. En los siete casos restantes, los equipos verificaron que ya existían estudios médico-legales previos, por lo que se procedió a la toma de nuevas muestras óseas que serán analizadas para lograr una identificación plena.

Estas acciones responden a la medida cautelar emitida en 2023 por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, que ordenó proteger los cuerpos no identificados y aquellos identificados pero no reclamados, ante el riesgo de pérdida o deterioro de la evidencia forense.

** Vía Colprensa