La Defensoría del Pueblo anunció la puesta en marcha de las Unidades Especializadas para el Litigio de las Violencias de Género, una estrategia institucional destinada a enfrentar de forma directa y con enfoque especializado el aumento de las violencias extremas que padecen las mujeres y las personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica (OSIGNH) en Colombia. El anuncio coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres.

Estas unidades se constituyen como la principal apuesta de la Estrategia de Género para la Defensa Pública, que iniciará operaciones prioritarias en Atlántico, Antioquia y Valle del Cauca, así como en Bogotá. El propósito es garantizar un acceso real, oportuno y especializado a la justicia para las víctimas de violencias basadas en género, mediante el fortalecimiento de la representación jurídica, la atención integral y la coordinación interinstitucional.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, subrayó que esta iniciativa exige un trabajo articulado entre el Estado y la ciudadanía. “Necesitamos una respuesta estatal unificada y diligente y un diálogo permanente con la sociedad civil, con los movimientos de mujeres, con las organizaciones LGBTI y las veedurías ciudadanas, que permita hacer seguimiento, exigir cumplimiento y construir confianza”, afirmó durante la inauguración de la Unidad Especializada del Atlántico.

La nueva dependencia está integrada por personal capacitado en temas de género y justicia, y tendrá entre sus responsabilidades mitigar riesgos, gestionar medidas de protección y brindar representación judicial en casos de feminicidio, violencia contra las mujeres —contemplada en la Ley 1257 de 2008—, violencia sexual, trata de personas y, por primera vez, violencia por prejuicio contra personas OSIGNH.

Una crisis que exige respuestas inmediatas

La decisión de la Defensoría se sustenta en cifras que evidencian una emergencia nacional. Según datos oficiales, cada año son asesinadas cerca de 1.000 mujeres en el país, lo que equivale a una cada ocho horas. A ello se suma el promedio de 139 homicidios anuales contra personas OSIGNH, una de las cifras más altas en América Latina. La violencia de pareja, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la trata de personas y las desapariciones continúan impactando de manera desproporcionada a mujeres, niñas, adolescentes y población diversa en contextos donde la presencia estatal es insuficiente.

La impunidad constituye otro componente crítico: más del 90% de los delitos de violencia contra las mujeres no termina en condena, mientras que el 91,4% de los delitos sexuales permanece en etapa de indagación. Esta brecha entre denuncia y sanción revela un sistema judicial que no responde con la eficacia ni la celeridad necesarias para proteger a las víctimas.

 Coordinación institucional como eje de la estrategia

La implementación de estas unidades contempla la articulación con la Fiscalía General de la Nación, comisarías de familia, autoridades locales, organizaciones sociales y entidades del sector justicia. El plan se concentra en tres frentes:

1. Mejorar las capacidades de defensa técnica con enfoque de género, fundamentales para judicializar delitos sexuales, feminicidios y agresiones motivadas por prejuicio.
2. Fortalecer las rutas de atención y las medidas de protección, así como agilizar órdenes de captura cuando sea necesario.
3. Incorporar argumentos jurídicos con enfoque de género en las decisiones judiciales, para garantizar que los casos sean analizados dentro de sus contextos de discriminación y violencia estructural.

Marín enfatizó que este esfuerzo no constituye un cierre, sino un punto de partida. “Nos comprometemos a cumplir la promesa de una representación especializada y propender por el acceso a la justicia. No es el punto de llegada, sino un punto de partida”, señaló. Asimismo, hizo un llamado a las instituciones y a la sociedad a trabajar de manera conjunta para asegurar que ninguna víctima de violencia tenga que elegir entre denunciar y ponerse en riesgo, o callar y continuar siendo vulnerada.

Con este lanzamiento, la Defensoría del Pueblo busca consolidar una respuesta integral frente a una problemática que continúa cobrando vidas y vulnerando derechos, y que exige una acción estatal decidida y permanente.