El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró responsable al Estado colombiano por la tragedia ocurrida en Mocoa en 2017, que dejó cerca de 700 personas muertas y destruyó 17 barrios completos, causando graves afectaciones a viviendas, infraestructura y medios de subsistencia. El fallo, emitido en primera instancia, concluyó que la catástrofe era previsible y evitable, y que varias entidades públicas omitieron adoptar medidas que hubieran mitigado su impacto.

Según la decisión judicial, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Corpoamazonía, la Gobernación del Putumayo y la Alcaldía de Mocoa incurrieron en una omisión múltiple y concurrente al no ejecutar acciones adecuadas para la gestión del riesgo ni implementar sistemas de alerta temprana ante el inminente peligro que representaban las condiciones climáticas y geográficas de la zona.

El Tribunal fue enfático al señalar que las autoridades contaban con estudios que advertían sobre los riesgos asociados a las cuencas hídricas cercanas al municipio, pero no actuaron en consecuencia. Por ello, reconoció el derecho a la reparación de las víctimas y ordenó el pago de una indemnización colectiva que supera los 89.000 millones de pesos.

El fallo detalla que las entidades responsables deberán pagar 63.148 salarios mínimos legales mensuales vigentes al grupo afectado, teniendo en cuenta la magnitud del daño y la gravedad de los hechos. Esta reparación cubre perjuicios morales y materiales, y se fundamenta en el carácter masivo y devastador del desastre.

La sentencia se suma a otros procesos que adelanta la Sección Tercera del mismo tribunal, en los que también se ha condenado al Estado por deficiencias en el sistema de alertas tempranas, demandas instauradas por sobrevivientes y familiares de las víctimas.

La tragedia de Mocoa ocurrió entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017, cuando un fuerte episodio de lluvias torrenciales —que dejó más de 130 milímetros de precipitación en tres horas— generó una avalancha que arrasó con parte de la cabecera municipal. La presión acumulada por las lluvias estacionales previas contribuyó al deslizamiento que cobró la vida de centenares de personas, dejó 53 desaparecidas y afectó directamente a más de 7.800 familias.

Con el fallo, el Tribunal reitera la obligación del Estado de adoptar medidas efectivas para la prevención del riesgo y la protección de las comunidades, especialmente en zonas previamente identificadas como vulnerables. Aunque la decisión puede ser apelada, constituye un precedente significativo en materia de responsabilidad estatal frente a tragedias previsibles.