Tras dos semanas de protestas y bloqueos en distintas regiones del país, el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro Arrocero firmaron este miércoles un acta de acuerdos que pone fin a la movilización del gremio arrocero, iniciada el pasado 14 de julio. La firma de los compromisos se llevó a cabo en Bogotá, luego de intensas jornadas de diálogo entre ambas partes.

Los acuerdos giran en torno a la crisis que enfrenta el sector arrocero colombiano por la caída en el precio de compra del arroz paddy verde, lo que ha generado pérdidas económicas considerables para los productores. Ante este panorama, el Gobierno aceptó una serie de medidas que buscan garantizar condiciones más justas para los campesinos y estabilizar el mercado.

Uno de los puntos más importantes es la regulación del precio del arroz paddy verde, que será sometido al régimen de libertad regulada. El Ministerio de Agricultura ya radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el borrador de resolución para obtener el concepto de abogacía de la competencia. Esta fórmula de cálculo busca garantizar que el precio cubra los costos de producción, aunque sin contemplar una utilidad para los productores.

Además, el Gobierno se comprometió a evaluar medidas de defensa comercial frente a las importaciones de arroz paddy y arroz blanco. El Ministerio de Comercio estudiará la viabilidad de aplicar políticas arancelarias inteligentes si se verifican condiciones adversas para el mercado local.

En otro frente, se acordó la creación de una comisión técnica permanente, compuesta por delegados del Gobierno y del Comité Nacional de Paro. Esta instancia trabajará en la identificación de mecanismos legales para apoyar a los productores afectados por la caída de precios desde el 26 de junio hasta que entre en vigencia la nueva regulación. También se retomarán programas clave como el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA) y el Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FONSA).

Se pactaron también mesas técnicas adicionales: el próximo lunes 28 de julio, el Ministerio de Ambiente se reunirá con el gremio arrocero para ajustar los mecanismos de acceso al agua para uso agropecuario; y antes del 1 de agosto, el Ministerio de Hacienda liderará un encuentro para revisar la normativa que regula la presunción de costos en la resolución 209 de 2020.

Otro de los compromisos asumidos incluye controles a los centros de acopio y molinos por parte de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la DIAN, con el objetivo de verificar inventarios y evitar distorsiones en el mercado. Asimismo, se anunció la pronta publicación del proyecto de resolución que someterá al arroz blanco a un régimen de libertad regulada de precios.

Como parte del seguimiento, la Defensoría del Pueblo actuará como garante del cumplimiento de los acuerdos firmados, mientras que el Comité Nacional del Paro expresó su disposición a levantar los bloqueos y a suspender las movilizaciones, sin renunciar a retomar protestas en caso de incumplimiento.

Con este pacto, el Gobierno y el gremio arrocero buscan estabilizar uno de los sectores clave para la seguridad alimentaria del país, al tiempo que se abren espacios para seguir discutiendo políticas estructurales de protección al agro colombiano.

Aquí el texto de lo pactado: