La Corte Suprema de Justicia inició una investigación preliminar contra la senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, tras la denuncia interpuesta por Sara Enit Morales, vocera de la corporación Rosa Blanca Colombia. La denuncia, enviada desde la Procuraduría Segunda Delegada para la Investigación y el Juzgamiento Penal en diciembre de 2024, señala que la congresista habría proferido amenazas en su contra el 27 de noviembre de ese mismo año.

Según Morales, la presunta amenaza ocurrió en las instalaciones del Congreso de la República cuando Ramírez la llamó por su seudónimo (‘Selena’) y le expresó: “que había escuchado lo de la denuncia a Geovany y que eso estaba bien, porque ahora más que nunca necesitaba el esquema de seguridad”. La vocera interpretó estas palabras como una advertencia intimidatoria.

Rosa Blanca Colombia es una organización dedicada a visibilizar y denunciar casos de abuso sexual contra menores de edad, presuntamente cometidos por excomandantes de la extinta guerrilla de las FARC. Dentro de los testimonios recopilados por la corporación, figuran relatos de víctimas del conflicto armado, quienes aseguran haber sufrido violencia sexual y otras formas de violencia dentro de la organización insurgente.

Proceso judicial en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

La denuncia de Morales estaría relacionada con el macrocaso No. 07 de la JEP, en el que Ramírez está implicada. Este proceso investiga crímenes cometidos contra menores de edad en el marco del conflicto armado. En noviembre de 2024, la JEP imputó a seis exintegrantes del Secretariado de las FARC-EP por crímenes de guerra, incluyendo el reclutamiento forzado de menores.

Paralelamente, un testimonio difundido en marzo de 2025 por la emisora Caracol Radio vinculó a Ramírez con estos hechos. Una víctima identificada como Deisy aseguró que la senadora, en su rol dentro la organización guerrillera, no solo tenía conocimiento de estos abusos sino que también ordenaba sanciones contra quienes denunciaban los hechos. “No solamente señalo a la senadora Sandra Ramírez, sino a todos los comandantes de las FARC. Todos los que nos dan cátedra de moral en el Congreso nos abusaron muchas veces. Para ellos las menores de edad eran muy apetecidas”, afirmó la denunciante.

Investigación en curso

El 25 de marzo de 2025, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema escuchó el testimonio de Morales y ordenó la recolección de pruebas. Entre las diligencias solicitadas se encuentran la lista de ingresos al Congreso el 27 de noviembre de 2024 y la revisión de la decisión emitida por la JEP sobre los excomandantes de las FARC. Una vez se reúnan las pruebas necesarias, la Corte llamará a la senadora Ramírez para rendir su declaración sobre los hechos denunciados.

El proceso sigue en etapa de investigación previa, sin que hasta el momento se haya determinado la responsabilidad penal de la congresista. La senadora Sandra Ramírez no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia en su contra. Se espera que en los próximos días la Corte avance en la verificación de los hechos para esclarecer la situación.