A pesar de los avances logrados con el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos (EPTV), muchos migrantes en Colombia enfrentan serias dificultades para acceder a derechos fundamentales como empleo, salud, educación y servicios financieros. Así lo detalla el reciente informe del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) Colombia, presentado por su director, el padre Juan Enrique Casas.

El informe, que recopiló testimonios de migrantes en departamentos como Norte de Santander, Santander, Risaralda, Bolívar, Tolima, Cundinamarca y Nariño, destaca los siguientes problemas:

1. Empleo formal:
– El 51% de los migrantes tiene dificultades para acceder a trabajos formales, lo que agrava su vulnerabilidad económica y limita el acceso a servicios como la salud.
– La situación es más crítica para las mujeres, quienes enfrentan mayores obstáculos debido a su rol de cuidadoras, reduciendo sus oportunidades laborales.

2. Acceso a la educación:
– Aunque la educación es el derecho con mayor acceso para los migrantes, persisten barreras como:
– Exigencia del Permiso por Protección Temporal (PPT) en físico.
– Negación de cupos escolares.
– Problemas económicos de las familias.
– Según el informe, el 23% de los niños migrantes enfrenta dificultades para ingresar o mantenerse en el sistema educativo.

3. Salud:
– El 26% de los migrantes no logra recibir atención médica adecuada, debido a la falta de afiliación al sistema y desconocimiento de los derechos por parte de las instituciones.

4. Bancarización y acceso a créditos:
– A pesar de que la Superintendencia Financiera de Colombia estableció que el PPT es un documento válido, el 37% de los migrantes no ha podido acceder a servicios financieros, como cuentas bancarias o créditos.
– La negativa también se extiende a compras a crédito en supermercados y almacenes, afectando la educación de niños y el desarrollo de pequeños negocios.

Feminización de la migración y sus retos

El informe resalta que la migración venezolana en Colombia tiene un fuerte componente femenino. Las mujeres, especialmente entre los 21 y 45 años, son el grupo más afectado por las barreras de acceso a derechos. Esto limita su integración y capacidad para garantizar el bienestar de sus familias.

Desde su implementación en 2021, el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos (ETPV) ha regularizado a alrededor de 2 millones de personas, ayudando a cerrar brechas de desigualdad. Sin embargo, el informe señala que la falta de sensibilización y conocimiento sobre este mecanismo por parte de empleadores y entidades continúa siendo un obstáculo.

El padre Juan Enrique Casas enfatizó la importancia de fortalecer campañas informativas y diseñar políticas públicas que garanticen la no discriminación en sectores clave como empleo, salud y educación.

El SJR Colombia subraya que garantizar los derechos de los migrantes venezolanos no solo es un asunto de justicia social, sino también una oportunidad para fortalecer la cohesión económica y social del país.

“El acceso a derechos no solo beneficia a la población migrante, sino que contribuye al desarrollo de Colombia. Las autoridades, organizaciones internacionales y la sociedad civil deben unirse para asegurar una verdadera integración”, concluyó el informe.