El Tribunal Superior de Santa Marta revocó la suspensión de actividades de exploración y explotación en el pozo Uchuva-2, ubicado en aguas del Caribe colombiano, marcando un giro significativo para el sector energético del país. La decisión anula el fallo previo emitido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta el pasado 13 de septiembre.

La nueva resolución judicial mantiene el compromiso con los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, ordenando al Ministerio del Interior realizar una consulta previa con la comunidad de Taganga, representada por su gobernador Ariel Daniels de Andeiris. Este proceso busca garantizar la participación de la población local en las decisiones que afectan su territorio.

“Se amparan los derechos fundamentales a la consulta previa y debido proceso de la comunidad indígena de Taganga”, establece el documento judicial, que instruye a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa para emitir un acto administrativo que examine el concepto de consulta previa.

La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) respaldó la decisión, argumentando que el proyecto cumple con todas las certificaciones y normativas requeridas. Los expertos del sector señalan que la reactivación del proyecto es crucial para mantener la autosuficiencia gasífera del país.

El fallo también clarifica que no es necesario modificar la denominación del pozo Uchuva-2, que temporalmente había sido renombrado como Sirius. Esta decisión judicial equilibra los intereses del desarrollo económico nacional con la protección de los derechos de las comunidades indígenas, estableciendo un precedente para futuros proyectos extractivos en territorios con presencia de poblaciones tradicionales.

El proyecto Uchuva-2, desarrollado por Ecopetrol, representa uno de los emprendimientos energéticos más significativos para Colombia en los próximos años, siendo fundamental para la estrategia de seguridad energética nacional.

Con información de bluradio y la republica