El presidente Gustavo Petro ha mostrado su apoyo a la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), una iniciativa diseñada para descentralizar los recursos públicos, incrementando las transferencias desde el Gobierno Nacional hacia las regiones de Colombia. Sin embargo, la propuesta enfrenta una fuerte polémica en el Senado y divisiones dentro del mismo Gobierno, principalmente entre los ministros de Hacienda e Interior.

La iniciativa busca reformar el SGP mediante una modificación constitucional, lo que implica una serie de ocho debates en el Congreso, de los cuales ya ha superado seis. En este contexto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha manifestado que la reforma podría poner en riesgo las finanzas nacionales y que su implementación no sería viable en términos fiscales. Por otro lado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha defendido la reforma, señalando que responde a la necesidad de atender las carencias de las regiones y corregir los problemas del centralismo.

Nueva fórmula para avanzar en la reforma

Ante las discrepancias, sectores del Congreso y del Ejecutivo han propuesto ajustes para hacer viable la propuesta. En lugar de transferir el 46,5 % de los ingresos corrientes de la Nación a municipios, distritos y departamentos, como se planteaba inicialmente, ahora se considera una transferencia del 39,5 %. Además, el plazo para completar estos giros sería de 12 años en lugar de los 10 propuestos originalmente.

Para el ministro del Interior, este porcentaje idealmente debería ser del 41 %, aunque se mostró abierto a la negociación con todas las bancadas, alcaldes y gobernadores para buscar el consenso. Según Cristo, este ajuste permitiría al Congreso enfocarse en una futura ley de competencias, que sería clave para estructurar una administración pública más eficiente y menos centralizada.

El ministro Cristo ha insistido en la importancia de fortalecer el modelo de descentralización, argumentando que el centralismo “fracasó” en la solución de los problemas nacionales. Para él, trasladar funciones y recursos a los territorios es fundamental para que las entidades locales puedan asumir responsabilidades como la pavimentación de vías secundarias y terciarias, que hoy están a cargo de entidades nacionales como Invías y Prosperidad Social.

Esta reforma abriría un camino hacia lo que considera “un Estado menos obeso, con menos burocracia”. En este sentido, afirmó que la función de realizar obras de infraestructura básica debe recaer en los departamentos y municipios, liberando al Gobierno Nacional de tareas que considera deberían gestionarse localmente.

Cristo también se refirió a la cooperación con el Ministerio de Hacienda, indicando que ha trabajado en conjunto con el despacho de Ricardo Bonilla para encontrar la manera de que la reforma avance sin comprometer la estabilidad financiera del país. Subrayó que la postura del Gobierno ya ha sido establecida por el presidente Petro, quien ha señalado la importancia de abordar temas estructurales en el debate político, más allá de disputas personales.

La propuesta de reforma ha sido promovida como un mecanismo para transformar el modelo de administración pública y responder a las necesidades de las regiones. Cristo destacó que aquellos que defienden el centralismo, a su juicio, desconocen la realidad territorial de Colombia. La transferencia de competencias a las administraciones locales busca, según los impulsores de la reforma, una mayor eficacia en la gestión de los recursos y la implementación de proyectos.