El presidente Gustavo Petro sancionó este martes la Ley de Administración de Justicia, una reforma integral que promete transformar el panorama judicial colombiano a través de la digitalización, mayor transparencia en la selección de magistrados y el fortalecimiento de la defensoría pública.

La nueva legislación marca un hito en la modernización del sistema judicial al permitir la virtualización de trámites y actuaciones. “Esta ley garantiza que la justicia sea un servicio público esencial e ininterrumpido”, destacó el gobierno en el documento de sanción.

Los jueces ahora podrán determinar si las pruebas se realizan de manera presencial o virtual, aunque se mantiene la presencialidad obligatoria en juicios orales penales, salvo situaciones excepcionales.

Un aspecto crucial de la reforma es la expansión de la Defensoría Pública. La ley establece que cada municipio del país deberá contar con una oficina compuesta por un defensor municipal y un defensor público, “para asegurar que cualquier persona, independientemente de su situación, pueda recibir apoyo legal”.

La normativa introduce cambios significativos en el proceso de selección para las altas cortes:

• Implementación de nuevas reglas para la formación de listas de candidatos
• Exigencia de méritos comprobados
• Garantía de equidad de género en la selección

Para abordar la acumulación de casos, la ley contempla la inclusión de magistrados de descongestión en la Sala Laboral, el fortalecimiento de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) y evaluaciones periódicas por parte del Ministerio de Justicia.

Además, la reforma reconoce el derecho a la huelga de los funcionarios judiciales, siempre que se mantengan servicios mínimos. Además, amplía las posibilidades de movilidad dentro del sistema para los funcionarios de carrera judicial.