JEP evaluará histórica renuncia del secretariado de las FARC a su presunción de inocencia
Por: Elizabeth Montoya
8 octubre, 2024
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que analizará minuciosamente la petición judicial presentada por el secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), en la que renuncian a su derecho de presunción de inocencia y solicitan la unificación de todos sus casos en una única resolución.
El magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, declaró en rueda de prensa: “Hemos recibido con mucho interés esta manifestación, la valoramos”.
La petición busca que se unifiquen en un solo macrocaso:
- Las sentencias condenatorias existentes
- Las investigaciones pendientes en la justicia penal ordinaria
- Los crímenes investigados por la JEP ocurridos en el exterior
- Los informes sobre victimización
La JEP enfatizó que este acto “demuestra su compromiso con el sometimiento a la justicia” y reconoce “la seriedad y profundidad de las investigaciones” realizadas por el tribunal. Sin embargo, el magistrado Vidal advirtió que “un reconocimiento general de responsabilidad de ninguna manera puede implicar una vulneración de los derechos de las víctimas”, señalando que deben salvaguardarse los derechos de las 400,000 víctimas acreditadas.
Además, la JEP subrayó que su sistema judicial se basa en responsabilidades individuales, no colectivas, un principio que deberá mantenerse.
El secretariado de las FARC ha expresado su descontento con la velocidad de los procesos. Las cifras presentadas revelan:
- De 4,622 solicitudes de amnistía, solo 827 han sido concedidas
- 4,238 amnistías han sido negadas
- Únicamente 18 renuncias a la persecución penal han sido avaladas
- Solo se han emitido tres resoluciones parciales de conclusiones
La JEP ha anunciado que convocará a una audiencia con los comparecientes para examinar detalladamente las propuestas presentadas. “Las salas y secciones responderán a esta solicitud ceñidas al estricto marco jurídico”, afirmó el tribunal.
La JEP ha enfatizado que realizará un “examen jurídico muy delicado” para garantizar que cualquier decisión tomada respete tanto los derechos de las víctimas como los principios fundamentales de la justicia transicional.