Estado colombiano declarado responsable del feminicidio de hermana de Susana Boreal: sentencia ordena reformas

Por: Elizabeth Montoya

7 octubre, 2024

El Juzgado Primero Administrativo de Medellín ha responsabilizado al Estado colombiano por el feminicidio de Claudia Patricia Gómez Castaño, hermana de la representante a la Cámara Susana Boreal, estableciendo un precedente en la lucha contra la violencia de género.

La sentencia número 148 reconoce que el asesinato, ocurrido hace casi siete años, fue consecuencia directa de las omisiones institucionales. “Este fallo es una muestra superclara de cómo nuestras instituciones fallan en proteger la vida de las mujeres y es un llamado urgente a la acción”, declaró la congresista Boreal durante su intervención en la Plenaria de la Cámara.

El fallo establece diversas acciones correctivas como el envío de la sentencia a la Alta Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, el fortalecimiento de las Comisarías de Familia con recursos adicionales y la creación de una veeduría en Medellín para supervisar políticas de género.

“No podemos permitir que más mujeres mueran por la negligencia del Estado”, afirmó Boreal, destacando la importancia de fortalecer los mecanismos de protección existentes. La representante añadió que esta decisión judicial debe servir como “punto de partida” para construir un sistema más justo.

La víctima había buscado protección repetidamente antes de su asesinato, pero pese a las múltiples denuncias, las medidas implementadas fueron tardías e insuficientes, por lo que el sistema falló en brindar una respuesta efectiva.

La sentencia ordena la constitución de una veeduría que incluirá la participación del Colectivo de Mujeres y el involucramiento de organizaciones defensoras de derechos.

“Por la memoria de Claudia, mi hermana que merecía vivir. Tu muerte, hermana, ha dejado un legado de lucha y protección”, expresó Boreal en sus redes sociales.

El fallo exige, además del reforzamiento de políticas públicas contra la violencia de género, la dotación de recursos a instituciones de protección y la implementación de medidas preventivas efectivas.

La representante Boreal enfatizó que este caso no es aislado, sino parte de una problemática sistemática donde la perspectiva de género es frecuentemente ignorada por las entidades públicas.

Cronología de una tragedia anunciada

La Alcaldía de Medellín había respondido el año pasado a la demanda por el feminicidio de Claudia Patricia Gómez Castaño, con un documento oficial, en el que sugiría que la víctima habría “faltado al autocuidado” al permitir acercamientos con su agresor antes de su asesinato.

El 7 de noviembre de 2017, Gómez Castaño denunció a su esposo, Andrés Felipe González Montoya, por violencia intrafamiliar en la Comisaría de Familia 12 de Medellín. A pesar de obtener una orden de alejamiento, ocho días después, González ingresó a la vivienda familiar y asesinó a Claudia frente a sus hijos.

“Vivir se volvió complicado”, relata Clara Gómez, hermana de la víctima, quien añade que su madre intentó suicidarse en dos ocasiones tras la pérdida.

La investigación reveló que la Comisaría nunca notificó oficialmente a la Policía sobre la medida de protección, argumentando que el vehículo de la entidad estaba ocupado “trasladando a la comisaria a capacitaciones oficiales”. De hecho, para muchos es incomprensible que la comisaria de familia no hubiera percibido un riesgo inminente para la vida de Claudia, especialmente cuando el agresor se presentó en la comisaría e hizo un escándalo.

La congresista Susana Boreal había señalado que hasta ese momento todas las respuestas del Estado habían sido revictimizantes: “Desconocen que la violencia intrafamiliar no solo es física, sino psicológica, y que es difícil como víctima separarse del agresor, sobre todo cuando tienen hijos compartidos”, declaró en junio del año pasado.

González fue condenado a 33 años y cinco meses de prisión por feminicidio agravado y porte ilegal de armas.