Esta semana, dos hechos inusuales relacionados con medios de comunicación en Colombia han encendido alarmas en el sector. Por un lado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dirigida por Cielo Rusinque, realizó operativos en las instalaciones de Caracol TV, RCN TV y Noticias 1, accediendo a cuentas de correo y copiando información de sus equipos administrativos. Por otro lado, la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, envió derechos de petición a varios medios solicitando información detallada sobre sus fuentes de ingresos y composición accionaria.

Operativo de la SIC

Entre el lunes y martes de esta semana, funcionarios de la SIC, sin previo aviso, ingresaron a las sedes de Caracol TV, RCN TV y Noticias 1 para recopilar información relacionada con la pauta publicitaria y los sistemas de medición de audiencia. La acción fue justificada como parte de una “investigación preliminar” por posible competencia desleal, según informó la SIC en un comunicado oficial.

Durante el operativo, los funcionarios accedieron a discos duros de computadores en el área administrativa y realizaron entrevistas con empleados de las empresas. Ningún equipo periodístico fue intervenido ni se indagó sobre los contenidos informativos de los medios.

Este procedimiento ocurre en medio de una disputa por competencia desleal entre los principales canales de televisión. Canal 1, que compite con Caracol y RCN, ha denunciado ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que los dos grandes canales concentran el 93% de los ingresos de pauta publicitaria, lo que, según ellos, dificulta la competencia justa.

Derecho de petición de la senadora Zuleta

El martes, la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico envió derechos de petición a varios medios solicitando información detallada sobre sus fuentes de financiación y la composición de sus accionistas. En su petición, Zuleta pidió además datos sobre el balance financiero y las actividades comerciales de las empresas durante el último año.

La senadora basó su solicitud en el artículo 258 de la Ley 5 de 1992, que otorga a los congresistas el derecho de pedir información a funcionarios públicos. Sin embargo, esta norma no aplica para empresas privadas, lo que ha generado dudas sobre la legalidad de la petición.

Zuleta justificó su solicitud diciendo que busca utilizar esta información para un proyecto de ley que haría más transparente la financiación de los medios, especialmente en lo que respecta a los conflictos de interés que puedan tener por sus relaciones con anunciantes o sus propietarios.

Reacciones

Las acciones combinadas de la SIC y el derecho de petición de la senadora Zuleta han despertado preocupaciones en el gremio periodístico, especialmente en un contexto en el que el presidente Gustavo Petro ha incrementado sus críticas contra los medios de comunicación, acusándolos de instigar un supuesto golpe en su contra. Un alto ejecutivo de medios, que pidió no ser identificado, expresó preocupación por estas acciones, señalando que podrían ser el inicio de una campaña más amplia contra el sector.

Organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) también se han pronunciado. Jonathan Bock, director de la FLIP, calificó el derecho de petición de Zuleta como una extralimitación, ya que los medios no están obligados a responder este tipo de solicitudes. Bock afirmó que este tipo de acciones generan dudas sobre las verdaderas intenciones de la congresista, quien ha tenido confrontaciones públicas con varios medios en el pasado.

Por su parte, Cielo Rusinque, quien lidera la SIC, ha sido una crítica frecuente de los medios de comunicación, incluyendo a la FLIP. A través de redes sociales, ha cuestionado la objetividad de los temas que los medios deciden cubrir y su influencia en la opinión pública.