El Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, desató una controversia al sugerir que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debería ir “cerrando casos”, generando reacciones encontradas entre diversos sectores del país.

“Yo no he dicho que hay que acabarla, hay que irla cerrando. Es una justicia transicional y desde luego creo que puede cumplir unja misión acá. El entendido que hay sobre ese tema es un poco exagerado”, dijo Patiño, aclarando que aboga por un cierre gradual como justicia transicional.

Patiño señaló que en Colombia existen “demasiadas justicias”, lo que podría generar inseguridad jurídica. Además, mencionó que algunos firmantes del acuerdo de paz han expresado inconformidad con la JEP, alegando que ha extendido sus funciones más allá de lo inicialmente acordado.

La propuesta del Alto Comisionado incluye la posibilidad de crear un “macrotribunal” que unifique las distintas justicias transicionales, como la JEP y Justicia y Paz. Esta idea surge en el contexto de las negociaciones con el ELN, grupo que ha manifestado su desacuerdo con el modelo actual de la JEP.

¿Volverá la CPI?

Sin embargo, estas declaraciones han sido recibidas con preocupación por Roberto Vidal, presidente de la JEP, quien las calificó como un “ataque a la independencia de poderes”. Vidal advirtió sobre las posibles consecuencias internacionales si se interrumpe el mandato del tribunal, incluyendo la potencial reapertura de la investigación de la Corte Penal Internacional contra Colombia.

Para Vidal, la eliminación de la JEP “podría ser visto como un incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de juzgar, investigar y sancionar los crímenes internacionales”. Esto, especialmente teniendo en cuenta que “a raíz del trabajo de la JEP la CPI decidió levantar el examen preliminar sobre Colombia”.

“Estas iniciativas desde el ejecutivo resultan muy riesgosas, si apuntan a que las nuevas instituciones que se deben crear para resolver los asuntos judiciales de los procesos de paz en curso se construyan sobre la base de la destrucción de la JEP o de su descrédito”, aseguró Vidal.

Además, rechazó que el Ejecutivo haya incumplido con la entrega de $450.000 millones de pesos que estuvieron alojados en el Fondo Colombia en Paz, para que la JEP adelante los proyectos restaurativos con los que deben cumplir sus penas los máximos responsables de crímenes durante el conflicto.

“Las noticias que tuvimos en el último mes, que contravenían el desarrollo largo de este proceso, fue que tales recursos fueron destinados dentro de la Unidad de Víctimas a otras funciones y misiones”, detalló, explicando que las próximas sentencias podría no haber dinero para ejecutar los proyectos.

Tribunal “revictimizante”

Por su parte, Rodrigo Londoño, excomandante de las FARC y actual presidente del Partido Comunes, se sumó a las críticas, calificando a la JEP como un tribunal “engorroso” y “revictimizante”.

“La JEP lleva 6 años muy bien presupuestados con relación al resto de los puntos del Acuerdo, alejándose del espíritu y de la letra de lo pactado, y volviéndose una justicia lenta, engorrosa, revictimizante y punitivista”, dijo Londoño.

Londoño instó a la JEP a no alejarse de su objetivo principal de ser un tribunal de cierre, un “tribunal referente para los procesos de Paz en curso”, para que “no termine siendo como Justicia y Paz”.