La Corte Constitucional negó una tutela interpuesta por el diario El Colombiano contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la que el medio acusaba al exfuncionario de acosar y desprestigiar su labor periodística. Según el periódico, entre 2021 y 2022, Quintero habría emitido comentarios que incitaban a la violencia y a la estigmatización de los periodistas y del medio en su conjunto. Sin embargo, el alto tribunal declaró improcedente la acción de tutela, señalando que no cumplía con los requisitos legales.

El exalcalde celebró la decisión del tribunal, afirmando que El Colombiano intentó desprestigiar su gestión con información falsa. A través de la red social X, Quintero indicó que el periódico actuó en represalia por las acciones legales que su administración emprendió contra Conconcreto, empresa vinculada al proyecto Hidroituango y propietaria del medio. “Este medio se dedicó a hostigarnos y a engañar a Medellín como retaliación después de que demandamos a los contratistas de Hidroituango”, afirmó Quintero.

Corte Constitucional niega tutela a @elcolombiano contra ex Alcalde de Medellín Daniel Quintero. Este medio se dedicó a hostigarnos y a engañar a Medellín como retaliación después de que demandamos a los contratistas de Hidroituango quienes son propietarios de este medio. pic.twitter.com/im643BTb5w

— Daniel Quintero Calle 🇨🇴 (@QuinteroCalle) September 26, 2024

El Colombiano, por su parte, ha mantenido su postura, argumentando que Quintero utilizó su influencia pública para generar un ambiente hostil hacia los comunicadores, afectando la independencia del ejercicio periodístico.

La controversia también ha puesto en el centro del debate la relación entre el medio y Conconcreto, una empresa demandada por la alcaldía de Medellín por supuestas irregularidades en Hidroituango. Quintero cuestionó abiertamente la transparencia del periódico, insinuando que la compra del medio por parte de Conconcreto tenía como objetivo manipular la opinión pública a favor de los contratistas.

El proyecto Hidroituango, cuyo avance supera el 90%, ha sido una fuente constante de tensiones políticas y legales. Quintero presentó en 2020 un informe ante la Fiscalía en el que denunciaba irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica, generando una serie de demandas contra los contratistas responsables.