El juez cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta ha emitido una decisión trascendental que afecta las operaciones de Ecopetrol S.A. y Petrobras en el proyecto Uchuva 2. La sentencia, que aclara un fallo de tutela previo, otorga a las multinacionales un plazo de dos meses para diseñar un cronograma detallado que permita la suspensión segura de las actividades de exploración y explotación en el mencionado pozo.

Esta medida no implica un cierre definitivo del proyecto, sino que está condicionada a la realización de una consulta previa con la comunidad indígena de Taganga. El magistrado enfatizó que la suspensión se levantará una vez se cumplan los requisitos establecidos para dicha consulta.

Entre las disposiciones más llamativas del fallo se encuentra la orden de retirar las denominaciones “Uchuva” y “Tayrona” de toda documentación relacionada con el proyecto. Las empresas deberán efectuar este cambio en un plazo de 48 horas y gestionar la modificación de los nombres en actos administrativos y licencias oficiales.

Adicionalmente, el juez ha instruido a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para que, en colaboración con Ecopetrol y Petrobras, lleve a cabo un nuevo estudio de impacto ambiental y sociocultural. Este informe, que deberá incluir la participación del cabildo indígena de Taganga, tiene un plazo de cuatro meses para su realización.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) también ha sido instada a participar activamente en la protección de los derechos de las comunidades tradicionales y a apoyar el proceso de consulta previa.