La Fiscalía General de la Nación de Colombia ha emitido la directiva 001, un documento que establece nuevos lineamientos para el manejo de situaciones relacionadas con protestas sociales. Esta normativa, que busca proteger el derecho a la manifestación pacífica, introduce cambios significativos en la interpretación y aplicación de la ley durante movilizaciones ciudadanas.

Según la directiva, los actos delictivos ocurridos durante protestas serán analizados en el contexto de los derechos fundamentales de libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica. Solo aquellas acciones que claramente excedan estos derechos serán objeto de sanción penal.

En cuanto a los bloqueos de vías públicas, la nueva normativa específica que solo serán penalizados aquellos que sobrepasen los actos normales de una manifestación y atenten contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, siempre que se realicen por medios ilícitos.

La directiva también aborda la violencia contra servidores públicos, estableciendo que este delito se configura únicamente cuando los actos violentos buscan obligar a un funcionario a realizar u omitir algún acto relacionado con sus funciones oficiales. Las discusiones o expresiones vehementes no se considerarán punibles, siempre que no alteren el funcionamiento de la administración pública.

Un cambio notable es la determinación de que los delitos cometidos durante manifestaciones sean manejados por la justicia ordinaria, no por la justicia penal militar. Esta decisión responde al principio de juez natural, que establece que los actos que afectan los derechos humanos deben ser juzgados por la jurisdicción ordinaria.

Con información de el colombiano