El expresidente colombiano desmiente señalamientos, califica el material de “juicio mediático” y prepara acción legal contra la Ley de Sometimiento.

El expresidente Gustavo Petro respondió con firmeza a la controversia desatada por la difusión de un video en el que aparece junto a Deicy Jiménez, asegurando que “nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie”. Ante las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias, el exmandatario confirmó que su equipo jurídico interpondrá una demanda contra la Ley de Sometimiento, a la que calificó de “ley de alcahuetamiento de narcos”, y reafirmó que cualquier investigación debe resolverse en los tribunales, no en las redes sociales.

El material audiovisual, que muestra a Petro y a Jiménez en un espacio privado con gestos de cercanía, ha polarizado la opinión pública. Sin embargo, el expresidente descartó que exista vínculo entre el contenido y actos ilícitos. “Lo único cierto es que en el video no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”, afirmó Petro. Ante la posibilidad de que el registro haya sido editado, solicitó que expertos en análisis digital verifiquen su autenticidad, aunque precisó que, incluso si fuera íntegro, no constituye evidencia de irregularidades administrativas.

Petro enmarcó los cuestionamientos como parte de una campaña sistemática contra su gestión, vinculada a sus denuncias históricas sobre violencia y corrupción. Defendió la meritocracia de su administración: “Quienes trabajaron en mi gobierno llegaron por sus capacidades y esfuerzos, no por relaciones o favores personales”. Además, exigió que las autoridades salvaguarden la integridad de testigos y declarantes, subrayando que “nadie debe sufrir daño por denunciar, ni por declarar, ni por defenderse”. Con estas declaraciones, el expresidente confirmó que ya instruyó a su abogado para radicar la acción de inconstitucionalidad contra la normativa antinarcóticos en las próximas horas.

El caso quedará bajo la competencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual deberá evaluar los elementos probatorios, garantizar el debido proceso y determinar si existen fundamentos para avanzar con investigaciones. La reserva judicial aplicará a ciertos documentos para proteger la investigación y los derechos de los involucrados. Para que se configure un eventual uso irregular de contratos estatales, la Fiscalía y la Corte deberán acreditar vínculos directos entre decisiones administrativas, beneficiarios y presuntos favores, respaldados por pruebas concretas. Paralelamente, la Corte Constitucional analizará la demanda contra la Ley de Sometimiento, pudiendo declararla exequible, inexequible o con condiciones.

Petro, quien ejerce actualmente como líder de oposición, ha enfrentado múltiples escrutinios públicos durante su trayectoria política. Expertos en derecho administrativo y comunicación señalan que los juicios mediáticos suelen anticiparse a las sentencias judiciales, un fenómeno que el expresidente criticó al afirmar que “este es uno más, y lo enfrentaré como los demás: ante los jueces y con la verdad”. Mientras avanzan los procesos legales, el debate público se centra en la transparencia institucional y los límites entre la vida privada y la función pública.