El Clan del Golfo ha expandido sus operaciones hacia el lucrativo negocio de la migración ilegal en el Tapón del Darién. Según un informe reciente de Human Rights Watch (HRW), esta organización criminal estaría cobrando hasta 125 dólares por cada migrante que cruza esta peligrosa ruta selvática hacia Norteamérica.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, reveló que el grupo armado habría recaudado aproximadamente 65 millones de dólares solo en 2023 por esta actividad ilícita. “El Clan del Golfo controla todo el negocio de los barcos que salen de Necoclí y Turbo”, afirmó Goebertus, destacando la ausencia de control gubernamental en la región.

La situación ha puesto en evidencia la falta de presencia estatal en zonas críticas del país. Goebertus señaló que hay “una ausencia absoluta del Gobierno nacional” en estos puntos de partida de migrantes, donde los pocos funcionarios presentes apenas logran recopilar documentación básica.

El alcance del Clan del Golfo no se limita al Tapón del Darién. Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, reconoció recientemente que el grupo ha “tomado la decisión de apoderarse de Quibdó”, capital del departamento del Chocó. Esta expansión territorial implica el desplazamiento de otras bandas criminales y la generación de un clima de terror entre la población civil.

La respuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido criticada por su aparente pasividad. Goebertus afirmó que el ejecutivo “no está negando que el Clan del Golfo está ejerciendo este tipo de control y que sabe de esta situación”, sugiriendo una postura de conformismo ante el creciente poder del grupo armado.

Mientras tanto, miles de migrantes continúan arriesgando sus vidas en esta peligrosa travesía, alimentando involuntariamente las arcas de grupos criminales que se benefician de su desesperación por alcanzar el sueño americano.