Iris Marín Ortiz, destacada profesional en derecho constitucional y justicia transicional, fue elegida como la nueva defensora del Pueblo en Colombia tras recibir un amplio respaldo en la Cámara de Representantes con 170 votos. Su elección refuerza su ya sólida trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz en el país.

Actualmente, Marín Ortiz se desempeña como magistrada auxiliar en la Corte Constitucional, bajo la dirección de la magistrada Natalia Ángel. Su formación académica incluye un pregrado en la Universidad del Rosario y una maestría en la Universidad Nacional de Colombia. A lo largo de su carrera, ha colaborado con instituciones clave como la Comisión Colombiana de Juristas, Dejusticia, y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).

En estas organizaciones, Marín Ortiz ha centrado sus esfuerzos en la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado y en la implementación de políticas de reparación y restitución de tierras. Su enfoque siempre ha sido garantizar la justicia para los más vulnerables, lo que ha marcado su carrera como defensora incansable de los derechos humanos.

Uno de los momentos más destacados de su carrera fue su participación como asesora en las negociaciones de paz con las Farc durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. En este rol, Marín Ortiz colaboró en la elaboración y aplicación de la ley de víctimas y restitución de tierras, una pieza clave en los esfuerzos por alcanzar la paz en Colombia. Su trabajo en este proceso fue fundamental para asegurar que las víctimas del conflicto armado recibieran el apoyo necesario para reconstruir sus vidas.

La experiencia de Marín Ortiz también incluye su labor en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde se dedicó al tratamiento de casos de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado. Su trabajo en la JEP se enfocó en garantizar que los responsables rindieran cuentas y que las víctimas obtuvieran justicia y reparación, consolidando un marco de justicia transicional esencial para el país.

Como magistrada auxiliar en la Corte Constitucional, Marín Ortiz continuó su compromiso con las poblaciones vulnerables, especialmente en temas relacionados con el desplazamiento forzado. Su labor consistió en revisar casos y elaborar sentencias que protegieran los derechos de las personas desplazadas, aportando una perspectiva jurídica clave para la defensa de estos derechos.

En el ámbito internacional, Marín Ortiz ha trabajado con ONU Mujeres, donde se centró en la promoción de la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres. Su labor incluyó la implementación de programas y políticas destinados a reducir la violencia de género y empoderar a las mujeres en diversos sectores. Este esfuerzo complementó su trabajo en Colombia, demostrando su compromiso con los derechos humanos en un contexto global.

Además, en su rol en CODHES, Marín Ortiz se enfocó en la protección de las personas desplazadas por el conflicto armado. Su trabajo implicó la elaboración de políticas y programas para la atención y reparación de estas poblaciones vulnerables, consolidando su reputación como defensora incansable de los derechos de los desplazados.

Desafíos

La elección de Iris Marín Ortiz como defensora del Pueblo llega en un momento crucial para Colombia, en el que la defensa de los derechos humanos y la implementación de políticas de justicia transicional siguen siendo prioritarias. Su amplia experiencia y su compromiso con las causas más vulnerables serán esenciales para afrontar los desafíos que enfrenta el país en estas áreas.

Con su nombramiento, Marín Ortiz tiene la oportunidad de seguir contribuyendo al fortalecimiento de la justicia y la protección de los derechos humanos en Colombia, asegurando que la Defensoría del Pueblo continúe siendo un pilar fundamental en la defensa de los más necesitados.