El Partido Comunista de Venezuela (PCV) acusó este martes al Gobierno de Nicolás Maduro de ejecutar una “política de terror” en los sectores populares de la nación caribeña. Las acusaciones surgen tras las protestas desencadenadas por el resultado anunciado de las elecciones del 28 de julio, que otorgan la victoria al presidente Nicolás Maduro.

A través de una nota de prensa, el secretario general del PCV, Oscar Figuera, afirmó que esta “política de terror” es alimentada con “operaciones psicológicas y de propaganda”. Según Figuera, estas acciones tienen como objetivo “no solamente neutralizar las protestas populares, sino imponer una peligrosa matriz de opinión en la que defender la soberanía popular es lo mismo que ser fascista”.

“Defender la Constitución y el Estado de derecho no es fascismo”, subrayó Figuera, mientras rechazaba el despliegue policial y militar en sectores populares, señalando “claras violaciones a los derechos humanos y al debido proceso”.

Figuera también denunció una campaña de delaciones promovida por voceros del alto Gobierno, en la cual se insta a la población a incriminar a vecinos y compañeros de trabajo en supuestos delitos conspirativos. Esta situación ha generado preocupación entre los defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.

La ONG Foro Penal informó que al menos 91 adolescentes han sido detenidos en Venezuela en la última semana, en el contexto de las protestas contra el resultado oficial ofrecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó a Maduro como ganador. Esta cifra forma parte del total de 1.010 personas capturadas por manifestarse en casi todas las regiones del país, según la organización.

El CNE no ha publicado las actas que certifican la victoria de Maduro, como indica la normativa legal. Ante esta falta de transparencia, el principal bloque antichavista divulgó “el 83,5 %” de estos documentos, que muestran, según la oposición, que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó por amplio margen. Estas revelaciones desataron protestas en todo el país, resultando en al menos 13 muertos y más de 2.000 detenidos.

La comunidad internacional y diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la situación en Venezuela. Las denuncias de represión y violaciones a los derechos humanos están bajo escrutinio, mientras se espera una respuesta más contundente de organismos internacionales.