La propuesta de un nuevo impuesto de seguridad en Antioquia generó una gran polémica en la Asamblea Departamental, lo que llevó al gobernador Andrés Julián Rendón a retirar el proyecto de ordenanza que buscaba cobrar un impuesto adicional a los usuarios de servicios públicos.

El proyecto de ordenanza, presentado por la administración departamental, pretendía crear una tasa especial de seguridad y convivencia que se cobraría a través de las facturas de servicios públicos. Según el gobernador, el objetivo era recaudar recursos para financiar programas de seguridad en el departamento, como la compra de 10.000 cámaras de seguridad y la construcción de nuevas cárceles.

Sin embargo, la iniciativa recibió críticas por parte de diputados y organizaciones gremiales, quienes argumentaron que el impuesto tendría un impacto negativo en la economía del departamento y que no había sido socializado adecuadamente con la ciudadanía.

El diputado Juan Felipe Vélez, del movimiento Creemos, presentó una ponencia negativa en contra del proyecto, argumentando que no era el momento adecuado para implementar un nuevo impuesto y que este podría afectar la inversión y el empleo en el departamento.

La falta de apoyo y la ponencia negativa llevaron al gobernador a retirar el proyecto de ordenanza, lo que significa que no se podrán financiar los programas de seguridad que se habían previsto.

Con información de El Colombiano