El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el exministro del Interior, Daniel Palacios, han protagonizado un intenso intercambio de declaraciones por las recientes acusaciones sobre presuntos vínculos del gobierno con el ELN y la gestión de recursos públicos.

Durante un evento en Buenaventura, Petro respondió a las acusaciones de su exfuncionario Olmedo López sobre un supuesto plan para adjudicar contratos al ELN. El mandatario calificó estas afirmaciones como una “sinvergüencería” y defendió su administración: “Nos van a acorralar, nos van a amenazar, nos gritan corruptos aquellos a quienes denuncié por corrupción. Dicen que estamos financiando al ELN, pero son los mismos que financiaron a los paramilitares”, declaró Petro, señalando al Gobierno de Iván Duque.

“Yo denuncié a los que financiaron a los paramilitares con los recursos de la salud de las EPS, que son dineros públicos”, añadió.

Daniel Palacios, exministro del Interior durante el gobierno de Iván Duque, inmediatamente cuestionó las declaraciones del presidente a través de su cuenta en la red social X, señalando que Petro “puede echar los discursos que quiera, culpar a todos los que su imaginación le permita sobre los escándalos de corrupción de su gobierno”, porque para eso “es muy bueno”.

Pte usted puede echar los discursos que quiera, culpar a todos los que su imaginación le permita sobre los escándalos de corrupción de su gobierno. Para eso usted es muy bueno.

Pero la realidad es simple, Olmedo es su amigo, su compañero de política, candidato al congreso… https://t.co/8kjYmlZMA1

— Daniel Palacios (@DanielPalam) July 18, 2024

Sin embargo, señaló que no puede ocultar que “la realidad es simple, Olmedo es su amigo, su compañero de política, candidato al Congreso apoyado por usted, miembro de su campaña, excopartidario suyo, funcionario de su gobierno y buscaba dar plata a congresistas para aprobar las reformas de su gobierno y buscar su falsa paz total. Así de sencillo”.

Este enfrentamiento se produce en medio de una creciente controversia que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las acusaciones contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.