El Consejo de Estado ha negado la medida cautelar solicitada por el Partido Cambio Radical que buscaba suspender la intervención impuesta a la EPS Sanitas por la Superintendencia de Salud. Esta decisión se tomó tras un análisis exhaustivo por parte de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

El Partido Cambio Radical había presentado la solicitud basándose en la supuesta inexistencia de un expediente administrativo adecuado. Este argumento había sido respaldado anteriormente por la Procuraduría General de la Nación, luego de una visita realizada a la entidad.

Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que la Superintendencia de Salud sí aportó los antecedentes administrativos necesarios para justificar la intervención. Según el Alto Tribunal, el concepto técnico fechado el 1 de abril de 2024 fue fundamental para la decisión. Este concepto técnico, junto con otros antecedentes administrativos, proporcionó un sustento adecuado para la intervención de la EPS Sanitas.

El Consejo de Estado señaló que la decisión de la Superintendencia no solo se fundamentó en normas reglamentarias, sino también en disposiciones constitucionales y leyes aplicables a la toma de posesión. En este sentido, la Sala de lo Contencioso Administrativo confirmó que la intervención de la EPS Sanitas está en conformidad con las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud.

La intervención a la EPS Sanitas había generado diversas reacciones en el ámbito político y sanitario. La negación de la medida cautelar por parte del Consejo de Estado reafirma la autoridad de la Superintendencia de Salud para actuar en casos donde se considere necesario intervenir para garantizar el correcto funcionamiento y cumplimiento de las normas en el sector salud.

La decisión del Consejo de Estado tiene implicaciones significativas para el sector salud en Colombia. Al confirmar la legalidad y el procedimiento de la Superintendencia, se establece un precedente para futuras intervenciones y acciones de control. Esto refuerza el marco regulatorio y la capacidad de las autoridades para intervenir en situaciones críticas que puedan afectar la prestación de servicios de salud a la población.