La reciente declaración del presidente Gustavo Petro sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente ha generado inquietud y controversia en Colombia. Ante la falta de detalles sobre el proceso, la Defensoría del Pueblo ha instado al Gobierno Nacional a establecer de manera clara y pronta la ruta a seguir y los mecanismos a utilizar.

El anuncio de Petro ha dejado muchas incógnitas en el aire, lo que ha provocado preocupación en la ciudadanía. La Defensoría del Pueblo considera que esta falta de claridad afecta la estabilidad jurídica y genera incertidumbre en el mercado y la economía del país.

Según el organismo, las declaraciones del presidente Petro suponen un cambio en las reglas del juego en cuanto a los mecanismos para llevar a cabo un proceso constituyente, lo que podría poner en riesgo el marco jurídico y conceptual que sustenta al Estado de derecho y a la sociedad en su conjunto.

La preocupación principal de la Defensoría radica en el impacto que esta incertidumbre está teniendo en la economía colombiana. La inversión se está reduciendo, el desempleo está en aumento y la morosidad en las carteras bancarias está creciendo. Además, la pobreza sigue siendo un problema latente, la inflación persiste y el endeudamiento y los déficits fiscales están en niveles preocupantes.

En su comunicación, la Defensoría del Pueblo solicita al Gobierno Nacional aclarar si se mantendrá la autonomía y las funciones de las distintas instituciones del Estado, que son fundamentales para garantizar los pesos y contrapesos del poder. Asimismo, se cuestiona cuál sería el mecanismo exacto que utilizaría el presidente para llevar a cabo este cambio constitucional y si se seguirían los lineamientos establecidos en la Constitución.