Tras la presentación de las conclusiones de la experta internacional de Derechos Humanos de la ONU, Antonia Urrejola, sobre los obstáculos en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y el caso de Jesús Santrich, la Fiscalía General de la Nación anunció la adopción de cuatro medidas para dar respuesta a las situaciones evidenciadas.

El informe de Urrejola señaló aparentes demoras de la Fiscalía para cooperar con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y otras acciones cometidas por el ente investigador en el caso de Santrich. Ante estas observaciones, la Fiscalía aseguró que, en concordancia con las recomendaciones de la experta, se tomaron medidas necesarias bajo el liderazgo de la nueva Fiscal General, Luz Adriana Camargo.

En primer lugar, se priorizará la investigación según la necesidad, proporcionando apoyo técnico adicional para que los fiscales presenten resultados de manera más ágil. Esto busca acelerar los procesos judiciales relacionados con el Acuerdo de Paz y garantizar una respuesta oportuna a los compromisos establecidos en el marco del mismo.

En segundo término, se trabajará en la efectiva articulación con otras instituciones del Estado para identificar patrones criminales. Esta medida pretende fortalecer la cooperación interinstitucional y optimizar los recursos disponibles para el combate a la criminalidad en el país.

Además, se fortalecerá la institución para implementar la recomendación 32 formulada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Esto implica un compromiso con la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia, así como el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante décadas de violencia.

Por último, se focalizará y fortalecerá la presencia regional de la Fiscalía para investigar y sancionar los delitos asociados a la corrupción, el narcotráfico, los homicidios de personas defensoras de derechos humanos y de firmantes de paz a nivel local. Esto busca garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y combatir la impunidad en las regiones más afectadas por la violencia y la criminalidad.

La Fiscalía reafirmó su compromiso de transversalizar los enfoques étnico-racial y de género en todas sus acciones, asegurando una actuación integral y equitativa en la administración de justicia en el país.