El Gobierno nacional ha anunciado que implementará “medidas urgentes” para recuperar y salvaguardar los recursos públicos destinados a la reparación de víctimas, tras revelarse en una auditoría forense realizada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia al Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV), un detrimento patrimonial superior a los $4.200 millones entre los años 2018 y 2022.

Entre las medidas anunciadas se incluyen visitas de inspección a inmuebles, reconstrucción de archivos, nuevos modelos de contratación y mayor supervisión. Así mismo, destaca como avances la monetización de los bienes agroforestales para generar más ingresos al FRV y la recuperación de predios “mediante la formalización de procesos de comodato precario y arriendo, lo que ha permitido la recuperación de unos 1.970 millones de pesos”.

Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, enfatizó el compromiso del Ejecutivo con las víctimas. “Las acciones emprendidas buscan restablecer la confianza y garantizar la reparación integral”, expresó.

Es importante recordar que la investigación, solicitada por la directora del FRV, Patricia Tobón Yagarí, se enfocó en el manejo de bienes inmuebles y procesos contractuales, revelando que la principal causa del detrimento fue la subestimación de cánones de arrendamiento, fijados muy por debajo de los precios de mercado.

“La concentración de la contratación en grupos de contratistas, que variaban los nombres de sus empresas para acaparar contratos, también contribuyó a la pérdida de recursos”, indicó la Unidad en un comunicado, en el que señalan que esperar continuar corrigiendo errores del pasado e implementando un nuevo sistema de gestión para prevenir futuras irregularidades y asegurar que los recursos públicos cumplan su propósito de reparar y dignificar a las víctimas del conflicto.