La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer este lunes resultados preliminares de una investigación que evidencia presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte de 18 Entidades Promotoras de Salud (EPS) del país que habrían destinado los recursos transferidos durante la pandemia a actividades, bienes y servicios que no estaban directamente relacionados con la atención y la prestación de servicios de salud a sus afiliados.

Según el ente de control fiscal, tras seis meses de fiscalización, se estableció que durante los años 2020 y 2021 estas aseguradoras habrían desviado más de $9 billones de los dineros que el Gobierno nacional les giró para garantizar la atención en salud de los afiliados al régimen contributivo en plena pandemia del Covid-19.

“Encontramos que algunas EPS habrían utilizado los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en anticipos a sus propias clínicas, honorarios personales, pago de multas, compra de inmuebles, entre otros gastos que no corresponden a la atención en salud”, señaló la Contraloría.

La UPC es el monto anual que la Nación reconoce por cada afiliado al régimen contributivo, el cual asciende entre $80 y $90 billones y se gira a las EPS para que estas puedan prestar los servicios de salud requeridos por los usuarios.

“Para llegar a estas cifras auditamos los estados financieros de las EPS y los contrastamos con los registros que han entregado a la DIAN y la Superintendencia Nacional de Salud”, explicó la fuente.

De acuerdo con los hallazgos de la CGR, en pleno peak de la pandemia y cuando el sistema de salud enfrentaba una de sus mayores crisis, importantes sumas del dinero público destinado a garantizar la atención médica de millones de colombianos fueron utilizadas indebidamente por las aseguradoras.

“Es inaceptable que se hayan desviado $9 billones de los recursos de la salud cuando el país afrontaba una emergencia sanitaria sin precedentes. Por eso haremos el respectivo traslado de este informe a los organismos de control para que se inicien los procesos correspondientes”, advirtió el funcionario.

Desde el gremio de las EPS se defendieron argumentando que son múltiples los factores que explican su delicada situación financiera actual, destacando el no pago de vigencias anteriores, la evasión y la corrupción al interior de varias entidades territoriales. La polémica en torno al manejo de los recursos de la salud se suma a la aguda crisis que enfrenta el sistema, caracterizada por millonarias deudas, protestas del personal médico y falencias en la prestación de los servicios.

ACEMI responde

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) emitió un comunicado sobre estas auditorías de la Contraloría, asegurando que las investigaciones hicieron referencia a los gastos administrativos de la UPC, que las EPS reciben para su correcto funcionamiento, por lo que los posibles hallazgos “son objeto de aclaración y sustento”.

Además, sostienen que los múltiples mecanismos de vigilancia de las EPS permiten verificar cada gasto, pero reiteran que están abiertos a cualquier investigación de control y vigilancia en medio de la “delicada situación que atraviesa el sector salud”, la cual “exige por parte de todos los actores, ponderación, rigor y cautela, así como responsabilidad en los mensajes que recibe la opinión pública, hoy temerosa de la estabilidad y el futuro de su sistema de salud”.

Atentos: Comunicado de Acemi respecto de reciente anuncio de la @FiscaliaCol sobre inicio de investigaciones en el sector salud 👇 pic.twitter.com/g1NUcyr2HW

— ACEMI (@acemi_gremio) April 8, 2024