La Contraloría descubrió irregularidades en el contrato de chatarrización en Medellín, donde se vendió la chatarra a un precio significativamente inferior al del mercado, generando denuncias de corrupción y una millonaria demanda contra la Alcaldía por parte del contratista.

Según los hallazgos, el kilo de chatarra se vendió a 98 pesos, muy por debajo de los precios del mercado que oscilan entre 1.600 y 1.800 pesos. El alcalde Federico Gutiérrez denunció actos de corrupción en la administración de su antecesor, Daniel Quintero, quien está siendo investigado.

El contratista, la unión temporal Rym SAS, demandó a la Alcaldía por 35.000 millones de pesos debido a las supuestas irregularidades en el contrato. Este especificaba precios sumamente bajos para la chatarrización, como $10.780 por una motocicleta que en el mercado valía $198.000.

El exconcejal Daniel Duque alertó a la Contraloría sobre el contrato adjudicado en $2.038 millones cuando debía ser por cerca de $33.280 millones. Se señala la falsificación de documentación del Icontec y la exigencia de maquinaria inexistente como parte de las irregularidades.

El control político en el Concejo y los hallazgos de la Contraloría llevaron a la suspensión del contrato, pero esto resultó en la demanda del contratista por los 35.000 millones de pesos.

La Procuraduría inició una investigación contra la exsecretaria de Suministros, el exsecretario de seguridad Vial y Control, y el exalcalde Daniel Quintero por su presunta responsabilidad en las irregularidades del contrato de chatarrización.