Una vez más, la cruda realidad del feminicidio en Colombia ha golpeado el corazón de la nación. En esta ocasión, el escenario de horror se ubicó en el centro de Bogotá, en la calle 2 con carrera 24, en el barrio Santa Isabel, perteneciente a la localidad de Los Mártires.
La víctima, Daira Alexandra Alzate Pinzón, una joven madre de tan solo 28 años, quien perdió la vida debido a las graves heridas infligidas, dejando a su familia y vecinos consternados. Tras recibir llamados de los vecinos de la zona, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron a la vivienda a las 6:54 de la mañana de este martes 7 de noviembre, encontrándose con una aterradora escena: la joven, ya sin vida, estaba tendida en el suelo con múltiples heridas en su pecho causadas por un arma blanca. El presunto responsable, su esposo, del que se desconoce su paradero.
Este nuevo acto de violencia de género agita el debate sobre la necesidad de tomar medidas efectivas para prevenir y combatir el feminicidio en Bogotá y en todo el país.
Cifras alarmantes e impunidad
Según datos proporcionados por la Fiscalía, entre enero y octubre de este año, se habían registrado 22 feminicidios en la capital, una cifra que supera a la del año anterior y que ha encendido las alarmas.
De acuerdo con la Fiscalía, esta cifra representaba un incremento del 46% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que subraya la gravedad de la situación. Además, de identificar a Los Mártires entre las localidades más afectadas por estos crímenes de género, además de Ciudad Bolívar, Usme, Usaquén, Bosa y Suba.
Pero la realidad de la capital dista de ser un caso aislado, pues, según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) , más de una mujer es asesinada en el país cada día, y además de Bogotá, las regiones donde más se cometen feminicidios son Valle del Cauca, Antioquia, Tolima y Santander, la mayoría de ellos perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas.
Esta situación fue confirmada por la Procuraduría, la cual reveló que de los 213 feminicidios registrados en el país entre el 1 de enero y el 5 de mayo de 2023, en el 37,5% de los casos, el agresor era conocido de la víctima, y en el 51% de los delitos, se utilizaron armas de fuego.
Además, la Fundación Pares reveló que de los 301 feminicidios registrados en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación en los primeros siete meses de 2023, apenas un escaso 3.6% de los casos se encuentra en proceso de ejecución de penas.
Y de hecho, según el Observatorio de Feminicidios Colombia, la impunidad en los casos de feminicidio alcanza un alarmante 90%, pese a los esfuerzos del gobierno y las asociaciones por abordar la problemática de género y la creación del Ministerio de la Igualdad.
Un delito altamente prevenible
No obstante las cifras oficiales parecen distar de las “cifras reales”, ya que el subregistro de los casos de feminicidio en el país complica aún más la situación. La falta de uniformidad en los datos presentados por diferentes organismos estatales da lugar a un subregistro, ya que las denuncias pueden ser procesadas como homicidios en lugar de feminicidios.
De acuerdo, al Observatorio Colombiano de Feminicidios de Reporte Dinámico de Feminicidios Colombia solo en el período comprendido entre el 1 de enero y el 3 de julio de 2023 se reportaron 320 casos.
En este contexto, la unificación de las cifras se vuelve crucial para la formulación de políticas efectivas contra el feminicidio, un delito que se considera altamente prevenible y evitable.
Según Isaac Morales, coordinador de la línea de convivencia y seguridad ciudadana de la Fundación Pares, el feminicidio es uno de los delitos más prevenibles, ya que generalmente está precedido por una serie de denuncias de la víctima contra el agresor. Sin embargo, la justicia a menudo se queda corta en la atención y la capacidad para procesar estas denuncias, lo que agrava aún más la situación.
A pesar de la existencia de regulaciones como la Ley Rosa Elvira Cely y la norma 1257 del año 2008, destinadas a prevenir y atender situaciones de acoso y violencia contra las mujeres, estas regulaciones todavía están lejos de cumplir su objetivo de proteger a las víctimas de violencia de género.
Un ejemplo de ello es que en regiones donde existe una alta incidencia de violencia intrafamiliar como Norte de Santander, aún no se ha implementado el Mecanismo Articulador, lo que resalta la necesidad de una acción coordinada para abordar este problema a nivel nacional.
Sin embargo, quizás el mayor problema es cultural y depende de la propia percepción de la mujer en la sociedad colombiana.
Yamile Roncancio, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, subraya que, más allá de las cifras, lo verdaderamente preocupante son las formas atroces en que se cometen estos crímenes en América Latina, que incluyen tortura, secuestro, desapariciones, disposiciones de cuerpos en maletas, bolsas, decapitaciones y desmembramientos, actos que son un claro reflejo del desprecio por la vida de las mujeres.
